Por Denia León
La delgada línea que separa la justicia de la venganza es casi imperceptible especialmente, cuando la sociedad considera, que existen leyes que no han sido elaboradas para el beneficio colectivo o por su ambigüedad, responden a intereses personales o a fuerzas políticas y económicas poderosas.
La justicia social la cual es una de las aspiraciones de todo sistema democrático, se convierte en una utopía cuando no existe claridad en sus leyes ni en la división de los poderes que conforman el Estado.
La frustración que provoca en el pueblo estas falencias del sistema es lo que hace que se ignoren sus leyes o a los que las representan, optando por lanzarse a las calles en busca de justicia social o venganza personal.
Evidentemente, las protestas masivas aún siendo pacíficas provocan marasmo y confusión pues dan espacio a que se eleven voces que no claman por justicia social sino que incitan a la ingobernabilidad o la violencia generalizada, es allí donde se requiere de líderes que eviten que los reclamos populares desencadenen en crisis social.
Honduras después del golpe de estado del 2009, es susceptible a este tipo de comportamientos y aunque pareciera que el Partido Nacional tiene “el sartén por el mango”, las actuales circunstancias políticas indican, que la oposición se ha convertido en una fuerza arrollada que obligará a los nacionalistas a replantearse sus objetivos políticos.
El tema de la “reelección presidencial” es uno de ellos. Evidentemente este fue el “talón de Aquiles” del expresidente Manuel Zelaya y ahora lo es del actual gobernante. En diciembre del 2013 resurgió este tema tan controversial a raíz de la destitución de cuatro de los cinco magistrados que conformaban la Corte de lo Constitucional, lo cual si bien es cierto, allanó al entonces Presidente electo Juan Orlando Hernández el camino hacia la reelección presidencial, simultáneamente le heredó un problema político que además, condujo a un mayor debilitamiento de su antiguo adversario político: el Partido Liberal.
La oposición política emergente tampoco reaccionó contundentemente ante este golpe técnico a la CSJ excepción del Partido Anticorrupción (PAC) que constituía la cuarta fuerza política pero lo hizo en forma aislada por lo que no tuvo el impacto político esperado.
El partido Libertad y Refundación (LIBRE) encabezado por el expresidente Manuel Zelaya que constituía la segunda fuerza política del país fue menos contundente en sus posiciones que el PAC argumentando, que no tenían representación en el Congreso Nacional aunque las razones que subyacían en el fondo, era la satisfacción que les producía la destitución de los cuatro magistrados de la Corte de lo Constitucional por suponerlos entre otros, responsables directos del exilio del exgobernante.
Por su parte, el Partido Liberal, debilitado y fraccionado, a su cúpula solo le interesaba, que los nacionalistas les sustituyeran sus representantes en la Corte de lo Constitucional y que los mismos fueran escogidos dentro de los movimientos mayoritarios de ese partido.
Similar situación sucedió cuando la nueva Corte Constitucional eliminó los artículos “pétreos” que impedían la reelección presidencial, el PAC nuevamente se pronunció en contra de tal resolución pero lo hizo en forma aislada demostrando que “una golondrina no hace verano”.
Es por ello, que en el imaginario del pueblo, quedó fija la idea, que el actual gobernante, además de ser un líder fuerte, es sectario y con tendencias dictatoriales pues además de gobernar solo con sus allegados y nacionalistas, reafirmó públicamente que su partido gobernaría por cincuenta años consecutivos.
Esos errores políticos del mandatario, son los que han propiciado la unión de fuerzas de sus opositores sin embargo, para aplacar las masas, existen al menos, tres alternativas viables, que la CSJ retorne la Constitución de la República a su estado original, que el pueblo se pronuncie por una Asamblea Nacional Constituyente o que el Congreso Nacional, opte por la “reelección presidencial continua o alterna” pero a través de una segunda ronda electoral.
Independientemente del desenlace político de esta historia, lo importante es, que Honduras, ha despertado de su letargo en el combate a la corrupción y la impunidad aunque subyace el temor, que el país caiga en la “ingobernabilidad” o lo que es peor, en la degradación humana que satisfaga pasiones políticas y personales más que intereses colectivos que conduzcan al bien común y al respeto del estado de derecho.
