Al señor Assange le acusan las autoridades norteamericanas de cometer 18 delitos, 17 de los cuales se registran bajo la Ley de Espionaje de 1917, una anacrónica norma para perseguir espías en el marco de la Primera Guerra Mundial; y uno relacionado con la supuesta ayuda a la militar Chelsea Manning para manejar las computadoras desde donde, dicen, salió la información. La petición de pena es de nada menos que 175 años de cárcel, lo que implica de facto una cadena perpetua, en unas condiciones de aislamiento casi absoluto, por aplicación de las denominadas “Medidas Administrativas Especiales” (SAMS). Su crimen consiste en la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los cables del Departamento de Estado y los archivos de Guantánamo sobre los allí encarcelados. Unas publicaciones que evidenciaron la comisión de crímenes de guerra, torturas sistemáticas y demás crímenes internacionales.
WikiLeaks es una agencia de noticias que creó un sistema de cortafuegos en las IPs para garantizar que cualquier whistleblower del mundo pudiera enviar información sobre comisión de delitos a la plataforma, garantizando el anonimato de la fuente. Paradójicamente, la directiva europea sobre los alertadores contra la corrupción va en ese sentido.
La agencia de noticias ha publicado datos relevantes, como el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil por la multinacional Trafigura, los manuales de instrucción de la base militar de Guantánamo, evidencias de corrupción y ejecuciones extrajudiciales en Kenia o la censura de Internet en China, entre otros. WikiLeaks ha sido por ello galardonada con múltiples premios internacionales.
Su crimen consiste en sacar a la luz unas publicaciones que evidenciaron la comisión de crímenes de guerra, torturas sistemáticas y crímenes internacionales
Estados Unidos jamás perdonó que WikiLeaks sometiera su política exterior al escrutinio de la opinión pública mundial. Nunca aceptó que evidenciara la comisión de crímenes internacionales por parte de su Ejército. Tampoco perdonó a quien, según la justicia de ese país, habría sido la fuente de WikiLeaks, Chelsea Manning quien en la actualidad se encuentra nuevamente en prisión por negarse a declarar contra Assange.
El calvario de Assange desde la publicación de los diarios de la guerra de Irak y Afganistán tiene tintes de tortura, como ha confirmado el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer. En 2012 tuvo que refugiarse en la minúscula Embajada de Ecuador en Londres para evitar una entrega a Suecia, donde se negaban garantías de no reextradición a Estados Unidos, por una caótica causa sin sentido alguno que jamás formuló cargos y que se cerró tres veces sin evidencias. Durante casi siete años Julian Assange vivió sin acceso a luz solar ni al aire fresco, con un padecimiento físico y psicológico indescriptible. Actualmente, ya detenido tras presiones económicas de Estados Unidos al actual Gobierno de Ecuador, su situación es insostenible. Está en una cárcel de máxima seguridad, conocida como la “Guantánamo Británica”, con un limitado acceso a abogados y en una situación de práctico aislamiento.
La extradición que comienza el 24 de febrero y que culminará el 5 de junio debe inapelablemente concluir con la denegación de la entrega del periodista. El peligroso precedente que podría suponer ha sido advertido por la práctica totalidad de los organismos internacionales del mundo.
La justicia británica debe denegar esta extradición y poner fin a la persecución política. Julian Assange, como periodista, está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde se recoge el derecho a la libertad de prensa y a la publicación de información veraz obtenida de fuentes anónimas. También por la desproporción que implica la aplicación de la Ley de Espionaje y una pena de 175 años de cárcel contra un periodista en ejercicio. Sin olvidar gravísimos hechos como que la Audiencia Nacional de España esté investigando a la empresa de seguridad española que prestaba servicios en la embajada, por un abusivo y totalitario esquema de presunto espionaje contra Assange y sus abogados en favor de servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Todo evidencia una absoluta falta de garantías del periodista ante la jurisdicción norteamericana. El País/ Baltasar Garzón
Baltasar Garzón es abogado coordinador de la defensa internacional de Julian Assange.
