Por: Denia León
Uno de los grandes desafíos del sistema democrático en los países subdesarrollados es encontrar el camino hacia la gobernabilidad especialmente en aquellos, cuyos indicadores muestran que existen elevados porcentajes de pobreza, bajas tasas de crecimiento económico y altos niveles de corrupción.
Centroamérica y especialmente Honduras, es cada vez más susceptible a las crisis políticas debido al franco deterioro en que ha caído la clase política por su vinculación a oscuros negocios relacionados con el tráfico de influencias, el narcotráfico, el lavado de activos y la poca transparencia con que se maneja la “cosa pública” por lo que no es de extrañar que se tornen en países ingobernables.
Por otra parte los gobernantes, cada vez se inclinan más por la solución de los conflictos sociales, económicos y políticos por tres vías, principalmente: las armas, la intermediación de la embajada norteamericana y el autoritarismo que se impone desde el Poder Ejecutivo.
En este contexto, un Presidente fuerte como lo es Juan Orlando Hernández, por su formación escolar-militar es de esperar que se inclinará por lo primero o lo último y no se amilanará ante el primer conato de “crisis política” aunque la misma sea vinculada a denuncias de corrupción que relacionan al Partido Nacional que lo llevó al poder con el saqueo del erario que ha sufrido el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras instituciones de seguridad social.
Hernández no desconoce que los efectos de tales denuncias, no tendrán el mismo final de lo que ha ocurrido en Guatemala donde la vicepresidenta Roxana Baldetti y otros altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina, se han visto obligados por la oposición a renunciar de sus cargos al involucrárseles en actos de corrupción pues en Honduras, a diferencia de su vecino país, la oposición política, es incoherente, temerosa, desorganizada, carente de ideales y dispersa.
Y aunque existen rumores que el mandatario hondureño no cuenta con el apoyo incondicional del departamento de Estado de los Estados Unidos, eso tampoco lo inmuta porque también es un secreto a voces que cuenta con el respaldo total del Pentágono y del Comando Sur que es el que en última instancia, evitará que se disparen los mecanismos que conduzcan a un nuevo golpe de estado en el país.
Por otra parte, el gobernante que conoce al pueblo hondureño sabe que permanecerá impasible aún cuando le indigne el saqueo de que han sido objeto estas instituciones públicas y desapruebe que con dinero de las arcas nacionales se financien campañas políticas del Partido Nacional pues está cansado de las confrontaciones políticas.
La experiencia sufrida en la crisis política del 2009 y los problemas del diario vivir, han tornado a este pueblo más cauteloso y temeroso sin desconocer que no confía que un relevo entre los funcionarios gubernamentales constituya una carta de garantía, que las cosas se harán mejor en lo sucesivo por lo que no resulta casual que se incline por lo que reza el viejo refrán popular “vale más viejo conocido que nuevo por conocer”.
Y si bien es cierto, los hondureños aspiran a cambios profundos en el sistema democrático, no tienen la certeza que una nueva Carta Magna resolverá por arte de magia sus problemas económicos y sociales pues entienden que el mal, no solo radica en las leyes ambivalentes con que se nos gobierna sino que en la pérdida de valores morales, éticos y espirituales de la clase política hondureña.
Es por ello, que la oposición pasa por momentos de soledad y aún cuando en el Congreso Nacional es mayoritaria, carece de fuerza, pues ha sucumbido al fraccionamiento interno al extremo, que no son pocos los diputados del Partido Liberal, Libre y PAC que han abandonado sus filas sucumbiendo al oropel del poder o del dinero.
La dirigencia de las organizaciones populares y civiles también han perdido estatura moral ante sus agremiados para hacerle frente a la corrupción que corroe las instituciones gubernamentales ya sea porque han sido permisivos, “tolerantes” o han sido señalados de participar en la misma, por lo que no es de extrañar que su posición sea débil o timorata al abordar este tema.
Tomando en consideración este complicado panorama un simple cálculo político, nos induce a concluir, que todo se reducirá a una diatriba entre los diversos actores políticos sin embargo, estas denuncias de corrupción no dejarán indemne al gobierno nacionalista por lo menos, en lo que concierne el tema de la reelección presidencial en forma continua, lo tendrá que posponer el Congreso Nacional a menos, que los parlamentarios opositores en su totalidad sean persuadidos con otros millones de razones para ser “tolerantes” con el Ejecutivo y de esa forma dar paso a la temida “dictadura constitucional” a que aspira el Partido Nacional en el poder.
