Por Denia León
Escritores y periodistas de la talla de Mario Vargas Llosa y Andrés Oppenheimer coinciden que la democracia de un país se debilita por la corrupción y la impunidad más que por factores externos o internos relacionados con los bajos niveles educativos, los desastres naturales, la escasa diversificación de las exportaciones o la violencia que provocan las actividades vinculadas al narcotráfico.
Para estos escritores, un ejemplo de ello, lo brinda Brasil, un país en desarrollo que comenzaba a emerger como una potencia económica, sin embargo, bastó que salieran a la luz pública denuncias de corrupción para que el país comenzara su descenso económico.
Las denuncias de corrupción que trascendieron a inicios del gobierno de Dilma Rousseff estaban relacionadas con los pagos ilegales que se hicieron en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva a través de la empresa estatal Petrobras que sumaron alrededor de 800 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de líderes del Partido Los Trabajadores que aún se encuentra en el poder, siendo Rousseff miembro de la junta directiva de Petrobras.
Tales denuncias de corrupción según los escritores, provocaron la fuga de inversionistas y el desencadenamiento de una serie de protestas en las calles creando no solo un clima de inestabilidad política y social sino que un descenso drástico en el crecimiento de la economía brasileña que para el 2015, el FMI estima que llegará a menos de 1 por ciento.
La corrupción e impunidad, evidentemente son factores desencadenantes de la inestabilidad social y política de una nación, especialmente, cuando se trata de un país pobre como lo es Honduras, el cual, no solo tiene limitados recursos económicos sino que fuentes de financiamiento prácticamente agotadas lo que reduce a nivel gubernamental, las posibilidades de inversión en infraestructura por lo que no es casual, que campee el desempleo y la pobreza.
Y si a la falta de recursos financieros le agregamos la violencia que genera el crimen organizado y la delincuencia común y combinamos todos estos factores con políticas gubernamentales excesivamente restrictivas e impositivas, tendremos un potente detonante que conduce a la paralización de la actividad productiva y a la efervescencia de la inconformidad social.
Honduras en estos momentos, no solo atraviesa por una situación delicada internamente por la falta de recursos económicos, escasez de fuentes de empleo, denuncias de corrupción e impunidad sino que internacionalmente, la empresa privada y la banca comercial están siendo excesivamente cautelosas en cuanto a inversiones se refiere por el escrutinio a que están siendo sometidas por parte del Departamento del Tesoro y otras organizaciones fiscalizadoras de los Estados Unidos, las que constantemente entablan juicios contra personas e incluso conglomerados empresariales, supuestamente vinculados a la narcoactividad, lo que a la larga, mina la confianza de los inversionistas y de los mismos ahorrantes.
Pero la realidad es que existe una razón de peso por la que Estados Unidos prefiere ventilar en sus cortes los delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos a mayor escala y es, la escasa confianza que les merece el sistema de justicia y de supervisión de la banca privada, pues en estos países se tienen instituciones débiles, sometidas al poder político y económico de la nación.
Juan Orlando Hernández muy hábilmente ha comprendido que esta “limpieza” a nivel internacional no solo escapa de su competencia sino que a la larga es beneficiosa para el país, pues le exime de la responsabilidad de entablar ese tipo de juicios que son complicados desde el punto de vista político y económico, por lo que con muy buen tino, ha encaminado sus pasos hacia la “limpieza en la casa” enfocado en la “cacería menor” en un claro esfuerzo por convencer a su pueblo, que en lo sucesivo, habrá mayor transparencia en el manejo de la “cosa pública” y que la impunidad, será cosa del pasado.
