Un reporte desclasificado que fue elaborado por el departamento de Estado de Estados Unidos, en colaboración del Departamento de Defensa y de Justicia, revela una lista de personas vinculadas a actos de corrupción y otros delitos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
En la lista aparecen diez hondureños, ellos son: Mario Zelaya, Javier Pastor, Carlos Montes, José Boris Espinal, Nelson Abdalah Ghawi, Darío Mejía, Teodoro Bonilla, Marcelo Chimirri, Yani Rosenthal y Yankel Rosenthal.
A continuación la traducción al idioma español del informe completo y el documento original:
SIN CLASIFICAR
Informe al Congreso sobre el tráfico de narcóticos, la corrupción y el financiamiento ilícito de las campañas en Honduras, Guatemala y El Salvador
De acuerdo con la sección 1287 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional John S. McCain para el año fiscal 2019 (PL 115-232), este informe, preparado por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Defensa y en consulta con el Departamento de Justicia, se está presentando a los comités de defensa del Congreso, al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
De acuerdo con los requisitos de la sección 1287, este informe identifica a las siguientes personas en Honduras, Guatemala y El Salvador (1) altos funcionarios del gobierno que se sabe que han cometido o facilitado actos de corrupción o que han participado en prácticas corruptas o tráfico de narcóticos; y (2) los funcionarios electos que se sabe han recibido fondos de campaña que son producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años.
La corrupción en el Triángulo del Norte es endémica y sistémica. La corrupción socava el crecimiento económico y el desarrollo, debilita el estado de derecho y facilita el crimen transnacional, impulsando la migración ilegal a los Estados Unidos.
Este informe no pretende identificar la profundidad y amplitud de los actores corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador que aún no han sido condenados por sus crímenes y que socavan la seguridad, la prosperidad y la gobernabilidad en el Triángulo del Norte. Más bien, este informe identifica a las personas que son conocidas, basadas en condenas o designaciones bajo los regímenes de sanciones del gobierno de los EE. UU. Aplicables, a haber cometido o facilitado actos relevantes según lo identificado en la sección 1287. Sobre la base de esta norma, no hemos identificado a ninguna persona conocida Facilitó el financiamiento de campañas políticas en cualquiera de los países del Triángulo del Norte con el producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años.
Sección 1: Funcionarios gubernamentales superiores
Honduras
Mario Zelaya Rojas, ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ex viceministro de salud Javier Pastor y ex viceministro de trabajo Carlos Montes fueron sentenciados en abril de 2017 por lavado de dinero a más de $ 12 millones de IHSS.
José Valery Boris Espinal Ponce y Nelson Abdalah Ghawi, dos ex congresistas, y Dario Alberto Mejia Valdivieso, ex director de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fueron sentenciados en 2016 por abuso de autoridad.
Teodoro Bonilla, ex vicepresidente del ahora desaparecido Consejo Judicial, fue condenado en septiembre de 2017 a seis años de prisión por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Marcelo Antonio Chimirri Castro, ex presidente de Hondutel, la compañía nacional de telecomunicaciones, fue condenado en agosto de 2017 a nueve años de prisión por cargos de enriquecimiento ilícito después de no poder dar cuenta de $ 680,000.
SIN CLASIFICAR
NO CLASIFICADO -2-
Yani Rosenthal, ex ministro de la presidencia, político de carrera y prominente hombre de negocios, fue condenado en diciembre de 2017 a tres años de prisión por lavado de fondos de drogas para la organización de narcotraficantes Cachiros. Rosenthal es un narcotraficante especialmente designado bajo la Ley Kingpin.
Yankel Rosenthal, ex ministro de inversiones del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado en agosto de 2017 en los tribunales de los Estados Unidos a 29 meses por intento de lavado de dinero y es un traficante de narcóticos especialmente designado bajo la Ley Kingpin.
Guatemala
La ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elias fue condenada en octubre de 2018 a más de 15 años de prisión por corrupción.
Manricio López Bonilla, ex ministro de gobierno, fue condenado a más de ocho años de prisión en septiembre de 2018 por asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de drogas.
Gudy Rivera Estrada, ex presidente del Congreso, fue condenado a más de 13 años de prisión en febrero de 2018 por tráfico de influencias y soborno.
Erick Gustavo Santiago de León, ex magistrado del Tribunal de Apelaciones y presidente del Tribunal Civil de Apelaciones Regionales, fue condenado en julio de 2018 a cinco años de prisión por soborno.
Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, ex presidente del Instituto de Seguridad Social, fue condenado a más de 6 años de prisión en septiembre de 2018 por otorgar un contrato a una empresa no calificada a cambio de sobornos, lo que dio lugar a una atención deficiente para los pacientes con diálisis. ser atendido en hospitales públicos, resultando en al menos 13 muertes.
Edgar Baltazar Bargain Duran, ex presidente del Banco de Guatemala y candidato a la vicepresidencia, fue condenado en 2016 a más de cinco años de prisión por asociación ilícita y tráfico de influencias.
José Armando Ubico Aguilar, diputado del partido político, fue condenado a 46 meses de prisión en 2003 en Estados Unidos por tráfico de heroína. Después de su liberación anticipada en libertad condicional en 2005 y posterior deportación, Ubico fue elegido para el Congreso.
El Salvador
Carlos Manricio Funes Cartagena, ex presidente, fue declarado culpable en 2017 de enriquecerse injustamente con $ 419 millones y se le ordenó pagar $ 206 millones. Funes y su familia solicitaron asilo en Nicaragua en 2016 y el ex fiscal general salvadoreño solicitó su extradición el 13 de septiembre de 2018. La solicitud está actualmente pendiente ante la Corte Suprema de El Salvador.
SIN CLASIFICAR
NO CLASSIFIED -3-
Elias Antonio Saca, ex presidente, fue condenado en septiembre de 2018 por malversación, lavado de dinero y malversación de fondos. Fue sentenciado a 10 años de prisión y se le ordenó pagar $ 25 millones. Saca también enfrenta cargos por sobornar a un funcionario judicial para acceder a la información.
Luis Antonio Martínez González, ex procurador general, fue sentenciado en 2018 a cinco años de prisión y se le ordenó pagar una indemnización de $ 125,000 por revelar intencionalmente las grabaciones obtenidas en una investigación de escuchas telefónicas. En 2016, Martínez fue multado con $ 8,000 por el Tribunal de Ética del Gobierno de El Salvador por aceptar regalos del empresario Enrique Rais de manera inapropiada.
Elmer Charlaix, secretario presidencial de Saca, fue sentenciado a diez años de prisión y se le ordenó pagar $ 15 millones en septiembre de 2018 por malversación de fondos y lavado de dinero.
Julio Rank, ex secretario de comunicaciones del presidente Saca, fue condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero y se le ordenó pagar $ 8 millones en septiembre de 2018.
Cesar Fun., Ex secretario de jóvenes del presidente Saca, fue condenado a cinco años de prisión en septiembre de 2018 por lavado de dinero y se le ordenó pagar $ 886,000 en restitución.
Francisco Rodríguez Arteaga, ex director de finanzas del presidente Saca, fue condenado a seis años de prisión por malversación de fondos y lavado de dinero en septiembre de 2018. Rodríguez también enfrenta cargos por desviar $ 350 millones de fondos del gobierno en un esquema similar durante la administración de Funes.
Pablo Gómez, ex director adjunto de finanzas del presidente Seca, fue condenado a 16 años de prisión por malversación de fondos y lavado de dinero y se le ordenó pagar $ 5 millones en restitución en septiembre de 2018. También enfrenta cargos similares por su papel en el desvío de $ 350 millones En fondos del gobierno durante la administración del presidente Funes.
Jorge Herrera Castellanos, ex tesorero de la oficina presidencial del presidente Saca, fue condenado a tres años de prisión por malversación y lavado de dinero en septiembre de 2018, y se le ordenó pagar $ 3 millones en restitución.
Sección 2: Funcionarios electos
El Salvador
Elias Hernández, ex alcalde de Apopa, fue condenado a 12 años de prisión en febrero de 2018 por proporcionar apoyo material a la pandilla de la calle Dieciocho a cambio de apoyo político y financiero para su campaña.
SIN CLASIFICAR
La Tribuna.
