WASHINGTON — El gobierno estadounidense de Donald Trump anunció que empezará a limitar el paso a un pequeño número de personas migrantes que pretendan solicitar asilo al cruzar hacia Estados Unidos desde México. La primera ubicación donde ocurrirán los bloqueos será el cruce de San Ysidro, por San Diego.
La política para restringir el acceso de solicitantes de refugio, en vigencia a partir del 24 de enero, fue presentada en diciembre por Kristjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, y Mike Pompeo, el secretario de Estado. A lo largo de las siguientes dos semanas el bloqueo será expandido a otros cruces con mucho tráfico a pie en Texas, Nuevo México y Arizona, de acuerdo con un funcionario estadounidense de alto rango con conocimiento de la medida y que pidió mantener el anonimato.
Con esta decisión, el gobierno de Trump pretende disuadir a los migrantes, sobre todo los originarios de Centroamérica, de hacer el trayecto desde sus países hasta la frontera suroeste de Estados Unidos vía México, un camino que es largo y peligroso. Es probable que la decisión de Estados Unidos de aplicar las restricciones de cruce ejerza mayor presión sobre las autoridades mexicanas, que de por sí enfrentan dificultades por las miles de personas centroamericanas que han solicitado visas humanitarias en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala.
Las restricciones serán vigentes tanto para solicitantes de asilo que intenten ingresar a Estados Unidos por medio de los cruces oficiales como para personas que sean detenidas al intentar pasar de manera ilegal y que buscaban pedir refugio. Usualmente a los solicitantes asilo se les permitía esperar la resolución de su proceso en territorio estadounidense, algo que en ocasiones tardaba años.
“Por demasiado tiempo, contrabandistas, traficantes y quienes no tienen derecho legal a estar en Estados Unidos se han aprovechado de nuestro sistema de inmigración”, dijo Nielsen, quien describió en un comunicado el nuevo protocolo como un “enfoque metódico de sentido común”.
En el comunicado mencionó el peligro para los adultos y del posible paso de criminales, aunque una hoja descriptiva de la nueva política —nominada como “Protocolos de protección de migrantes”— más bien indica que la razón principal detrás del cambio es el flujo inmanejable de niños y familias desde Centroamérica.
Nielsen dijo que el protocolo es necesario en respuesta a “decisiones desatinadas de tribunales y leyes obsoletas que facilitan que los extranjeros sin estatus legal ingresen y se queden en Estados Unidos”. La secretaria añadió que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965 incluye provisiones que permiten aplicar de inmediato la política sin necesidad del visto bueno legislativo.
Pese a los esfuerzos de Trump por limitar la llegada de solicitantes de asilo, la cantidad de personas migrantes que pidieron refugio en 2018 por temor a ser regresados a sus países fue 70 por ciento mayor que en 2017, según datos del departamento de Seguridad Nacional. Casi el 60 por ciento de todas las personas no estadounidenses que pidieron asilo lo hicieron en familia.
El anuncio de la nueva política, hecho el 24 de enero, se dio en medio de tensas negociaciones entre los funcionarios de México y de Estados Unidos sobre cómo se aplicaría el protocolo. La intención de la medida es aliviar la carga laboral de oficiales migratorios estadounidenses, pero el funcionario de alto rango que pidió el anonimato dijo que con ella también quieren destacar lo que la Casa Blanca ha llamado una “crisis humanitaria” en la zona.
Trump provocó un cierre de la administración pública de Estados Unidos hace más de un mes al exigir que los demócratas que controlan la Cámara de Representantes –donde se aprueba el presupuesto– le dieran 5700 millones de dólares para construir un muro en la frontera suroeste con México. Como no ha habido un acuerdo presupuestario, Estados Unidos ahora pasa por el mayor periodo sin fondos públicos en su historia.
Con la nueva política, los solicitantes de asilo que sean regresados hacia México recibirán un aviso para informarles de su derecho de tener una audiencia en las cortes migratorias estadounidenses después de 45 días, de acuerdo con los funcionarios.
Se prevé que los grupos de defensa de migrantes presenten objeciones contra de los cambios en los tribunales y que argumenten que forzar a los solicitantes de asilo a esperar en ciudades fronterizas los expone a demasiados riesgos en zonas con altos índices de violencia.
Las autoridades de México ya esperaban que sus contrapartes estadounidenses hicieran esta jugada, pero algunas personas al tanto de las discusiones dijeron que hubo sorpresa entre los mexicanos cuando les dijeron que el protocolo comenzaría a aplicarse tan pronto como el viernes 25 de enero.
El gobierno de México ahora deberá desarrollar un sistema para procesar, albergar y proteger a las personas que buscan asilo en Estados Unidos y tengan que quedarse en el lado mexicano de la frontera. The New York Times/Glenn Thrush
