El fallecimiento repentino de un testigo y el envenenamiento con cianuro de su hijo redoblan las presiones sobre la Fiscalía
Bogotá Colombia. La muerte repentina del testigo principal de caso Odebrecht en Colombia y el envenenamiento de su hijo han puesto en jaque las investigaciones del escándalo de los sobornos millonarios pagados por la compañía brasileña para asegurarse la adjudicación de obras. Este giro redobla ahora la presión sobre la justicia para que la Corte Suprema nombre un fiscal ad hoc. Jorge Enrique Pizano, interventor de una concesionaria de la constructora, falleció el jueves pasado tras sufrir un infarto y su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, murió el domingo por ingesta de cianuro minutos después de beber de una botella de agua que estaba en el escritorio de su padre.
Martínez, que más tarde se inhibió en la investigación directa del caso, asumió las riendas de la Fiscalía en agosto de 2016 bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Cuando conoció esa información era abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, socio mayoritario de Corficolombiana, una corporación de servicios financieros que intervino en la obra. Pero en ese momento no actuó, como reflejan las declaraciones y concedidas por Pizano al informativo Noticias Uno y conocidas tras su fallecimiento. ¿Por qué?
El fiscal general reconoció que “en el segundo semestre” de 2015 habló en su despacho particular con Pizano, quien solicitó una conversación “con el fin de hacerle llegar al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo [presidente de la junta directiva del Grupo Aval]el resultado de unas investigaciones sobre contratos del Consorcio Ruta del Sol”. El interventor le dijo, además, que “en la administración no le paraban bolas al respecto”. El entonces abogado le preguntó si podía asumirse que las inconsistencias detectadas en los contratos podían ser “coimas”, esto es, sobornos. La respuesta del auditor de las cuentas, recogida en un comunicado difundido el lunes por Martínez, fue: “Hombre…pues no tengo certeza’. De hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a paramilitares. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades”.
En virtud de la documentación presentada, en cualquier caso, el consorcio que trabajaba en la Ruta del Sol llegó a un acuerdo con Odebrecht, que aceptó devolver 33.000 millones de pesos (más de 10 millones de dólares) de “los contrados cuestionados”. “Para ese fin”, explicó el fiscal, “me fue confiada la redacción del contrato de transacción, previa advertencia de que la empresa brasilera no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que –se me dijo- habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro”.
“Solo con la investigación de la Fiscalía en el año 2017”, continúa Martínez, “se pudo establecer con certeza que los hallazgos de Pizano estaban relacionados con coimas, al punto que fue la Fiscalía la que dio a conocer que el monto de las mismas pasó de lejos de los 33.000 millones, suma a la que habían aludido inicialmente las autoridades extranjeras, y por ello se obtuvieron órdenes de captura contra todos los partícipes, incluidos los representantes legales del Consorcio y la Constructora Ruta del Sol”.
No obstante, varios dirigentes de la oposición reclaman ahora el nombramiento de un fiscal específico para seguir con las investigaciones. “Es irrisorio que el fiscal se haya declarado impedido en el proceso sobre Odebrecht para que un subalterno lo adelante. La Corte Suprema de Justicia debe nombrar fiscal ad hocpara el caso de Odebrecht“, lanzó a través de Twitter el senador Gustavo Petro, que fue el principal contrincante del presidente Iván Duque en las últimas elecciones. La líder de la Alianza Verde, Claudia López, pidió abiertamente la dimisión de Martínez. “La Corte Suprema tiene la facultad de pedirle la renuncia al fiscal y la Procuraduría de respaldarla en defensa de la sociedad y el Estado de derecho. ¿Cuántas más evidencias y muertos necesitan para actuar? Se los pedimos desde febrero 2017 y se negaron”.El País. España/Francesco Manetto. Bogotá Colombia
