Una delegación conformada por Centro Presente, Alianza Américas y el Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica, culminó una investigadora en Honduras y El Salvador, donde resaltan alarmantes condiciones sociales a las que vendrían los tepesianos deportados.
Las instituciones defensoras de los derechos de los migrantes, reaccionaron ante la última ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS), por parte de las autoridades del gobierno Federal de los Estados Unidos, e impugnaron una demanda colectiva contra la administración del presidente, Donald Trump, para que no se cancele el beneficio a los centroamericanos por políticas racistas.
De igual manera, una delegación representada por las tres instituciones, visitó Honduras y El Salvador, desde el 28 de mayo al 30 de mayo, para documentar las condiciones sociales y el estado de derecho que prevalece en ambos países y de esa forma, presentar los análisis en un informe ante autoridades competentes en Boston.
La delegación apuntó que se reunió con numerosos grupos que velan por los derechos de la mujer, líderes comunitarios, economistas, y organizaciones de la sociedad civil y demás entes que documentan la violencia sistémica patrocinada por el Estado y atroces abusos contra los derechos humanos.
Según informe Honduras y El Salvador son inseguros para los tepesianos por la realidad inestable de ambas naciones.
En El Salvador, del 30 de mayo al 1 de junio, la delegación visitó la morgue donde se analizan los restos desmembrados de personas sometidas a la violencia policial y de pandillas; y recorrió instalaciones gubernamentales.
En otro aspecto el Informe en Honduras y El Salvador, bien documenta que los inmigrantes deportados son sujetos a la extorsión y la violencia, y según las maras y las pandillas perciben a los deportados como inmigrantes que tienen acceso a dinero a través de ahorros personales o parientes en los Estados Unidos.
También detallan que, según informes, un número creciente de inmigrantes deportados han sido encontrados muertos en cuestión de semanas e incluso días después de llegar a El Salvador u Honduras.
Según referencias en El Salvador, una mujer es asesinada cada 19 horas, y en Honduras cada 16 horas y de las muertes más del 95 por ciento de los casos que involucran la violencia sexual o la violencia doméstica no son investigados, y mucho menos resueltos.
Solo en Honduras, contextualizan los defensores estiman al menos 500,000 personas desplazadas producto de los altos niveles de extorsión que se viven y unos 24 estudiantes han sido expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por ejercer la libertad de expresión constitucionalmente protegida y en la actualidad han sido encarcelados más de cinco presos políticos.
Un aspecto sumamente crítico que recoge la investigación es que más del 80 por ciento de los hondureños vive en situación de pobreza.
En el informe describen que el país está atormentado por una inestabilidad política paralizante, y casi el 80 por ciento del país vive en la pobreza, y se estima que el 56 por ciento vive en la pobreza extrema, definida como la supervivencia con menos de $1 por día.
Mientras que, en El Salvador, un tercio del país vive en la pobreza, y el asombroso nivel de pobreza prácticamente no ha cambiado desde que el país obtuvo la designación de TPS. Las remesas representan el 17 por ciento del PIB de Honduras y el 20 por ciento del PIB salvadoreño.
Según cifras oficiales en El Salvador, el 17 por ciento de los hogares reciben remesas y en los hogares salvadoreños, las remesas representan el 30 por ciento del ingreso familiar. Las remesas de los beneficiarios de TPS son una línea de vida crítica para las familias pobres y la economía nacional.
Después de pasar docenas de horas documentando las condiciones en Centroamérica, la delegación confirma que la deportación de decenas de miles de beneficiarios del TPS devastaría Honduras y El Salvador, ya que estos países no tienen la infraestructura, y mucho menos el empleo y la vivienda para recibir a los tepesianos.
Las observaciones de la delegación concuerdan con lo que las autoridades estadounidenses, tanto los republicanos como los demócratas, han encontrado en numerosas ocasiones: que Honduras y El Salvador sufren de economías estancadas, la inseguridad alimentaria, las violencias extremas de maras y pandillas, la violencia de género e infraestructura débil. (KSA)
De acuerdo, a los análisis resueltos la inseguridad y la violencia en Honduras, es un clima sumamente negativo para deportar a los tepesianos.
La Tribuna
