Honduras se sumaría a países como El Salvador, Haití y Nicaragua a los que Trump les quitó ese estatus migratorio. En total, más de 300,000 indocumentados de esos países quedarían sin protección.
El gobierno de Donald Trump pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 56,000 hondureños, quienes tendrán varios meses para que abandonen el país o regularicen su situación por otras vías, según adelantó el diario The New York Times. Fuentes de Univision Noticias indicaron que se espera un comunicado en los próximos minutos confirmando esta información.
El 6 de noviembre del año pasado, 60 días antes del vencimiento de la última prórroga, el gobierno había anunciado una extensión automática de seis meses del amparo mientras revisaba nuevos documentos enviados por el gobierno de Honduras en los que argumentaban por qué mantener la protección para sus ciudadanos.
Pero ese plazo vence el 5 de julio y, por ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debía informar 60 días antes de la fecha tope su decisión de cancelar el programa o concederle una nueva extensión. Es decir, que para este viernes –a más tardar– se esperaba la noticia.
El amparo ha estado vigente desde 1999, un año después de que el país centroamericano sufrió el embate del huracán Mitch, la razón por la cual se le otorgó protección temporal a los indocumentados hondureños que vivían desde ese entonces en EEUU.
Ese año fueron protegidos un poco más de 86,000 inmigrantes sin papeles, pero esa cifra fue disminuyendo con los años porque o perdieron el beneficio o legalizaron sus permanencias por otras vías legales. Ese mismo año, unos 6,000 nicaragüenses recibieron el amparo por la misma razón.
Los beneficiarios de TPS de Honduras han vivido en Estados Unidos un promedio de 22 años, según datos del Center for American Progress, un instituto independiente y apolítico. Son además padres de al menos 53,500 niños nacidos en este país. De los 57,000 hondureños con TPS que hay en total, actualmente 46,700 tienen un empleo. Todos han contribuido con más de 31,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto en los últimos 10 años.
Una de esa personas es Iris Acosta. Tiene 52 años y ha vivido 25 en Estados Unidos. Llegó como muchos, sin documentos. Fue arrestada y liberada en más de una ocasión. Y regresó de varias formas, incluso a bordo de una limusina en la que la montaron los coyotes. Eso hasta que aprobaron el TPS para los ciudadanos de su país –y para los nicaragüenses– el 5 de enero de 1999.
Fue el presidente demócrata Bill Clinton quien le dio el visto bueno a la decisión como una respuesta humanitaria tras el impacto del huracán Mitch en Centroamérica en octubre de 1998, que dejó más de 10,000 muertos, la mayoría en Honduras. Desde que entró en vigor, había sido renovado ininterrumpidamente más de una docena de veces y en cada ocasión, los beneficiarios fueron sometidos a rigurosos chequeos.
“¿Usted se imagina todo lo que yo he aportado a este país? Se me hace muy injusto con nosotros que nos quiten este beneficio. Yo pago impuestos, pago todo”, dijo Acosta por teléfono a Univision Noticias.“Yo no me veo regresando a Honduras”.
Acosta es madre de tres adultos, pero los dejó en Centroamérica cuando eran apenas niños y se marchó a Estados Unidos con el objetivo firme de darles una mejor vida. Con lo que gana trabajando como empleada de limpieza en un hotel de California –poco más de 2,500 dólares al mes– los ayuda a ellos y a su madre, que se ha enfermado en varias ocasiones. Además, paga su renta de 1,000 dólares mensuales y su seguro médico, tan necesario para ella pues es sobreviviente de cáncer.
Con este panorama, Estados Unidos la obligaría a buscar otra opción para ajustar su estatus o salir del país y dejar atrás todo por lo que tanto trabajó, como ha pasado con otros más de 300,000 centroamericanos que perdieron este beneficio por decisión del gobierno de Donald Trump.
¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
Ya han quedado sin TPS más de 2,500 indocumentados de Nicaragua que ahora tienen hasta el 5 de enero de 2019 para abandonar el país. Lo mismo ocurrió con casi 200,000 indocumentados de El Salvador, que tienen hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir de suelo estadounidense, y con cerca de 60,000 haitianos con el 22 de julio de 2019 como fecha límite.
Según la organización sin fines de lucro American Immigration Council, el 85% de los beneficiarios de TPS de Honduras están inmersos en la fuerza laboral de Estados Unidos. En un porcentaje similar (más de 80%) se encuentran los inmigrantes indocumentados con este estatus nacionales de El Salvador y Haití.
En su mayoría, los salvadoreños y hondureños con este amparo en Estados Unidos trabajan en el sector de la construcción. Mientras, los haitianos tienen empleos en restaurantes y negocios de comida, refiere el American Immigration Council.
En promedio, sus ingresos anuales están entre los 40,000 y 50,000 dólares, por debajo de la media nacional de 57,617 dólares del país, según cifras de 2017 de la oficina del Censo.
Además, estiman que uno de cada nueve centroamericanos beneficiarios de TPS trabaja por su cuenta con negocios que fundaron (27,000 en total) y generan puestos de trabajo para más personas.
Entre los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Haití con TPS suman cerca de 206,000 hogares, y más de 30% son dueños de sus casas y pagan hipotecas en Estados Unidos. Viven concentrados, en su mayoría, en seis estados: California, Florida, Texas, Nueva York, Virginia y Maryland.
“Como miembros de larga data en las comunidades a lo largo de Estados Unidos y una parte vital de la fuerza laboral, los beneficiarios del TPS provenientes de El Salvador, Honduras y Haití han agregado un valor a la economía de Estados Unidos”, concluye el American Immigration Council.
Y más allá de los ingresos, esta organización explica el nivel de arraigo de quienes ven ahora en riesgo sus permisos de estadía y trabajo luego de al menos 20 años de haber residido y hecho vida en el país: un aproximado de 273,000 niños de estos beneficiarios nacieron en Estados Unidos.
Tomado de Univisión
