Tres fiscales y la mirada de Washington en lucha anticorrupción.

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Mi Opinión

Tres países Honduras, Guatemala y El Salvador que conforman el denominado Triangulo del Norte, elegirán sus fiscales generales en el presente año. El primero de ellos, es Guatemala que se encuentra en la mira porque tendrá que encontrar un fiscal general del calibre de la fiscal Thelma Aldana, le sigue Honduras con la designación de un nuevo fiscal que sustituirá a Oscar Chinchilla un hombre afín a la cúpula de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández quien hasta el momento ha manifestado que no pretende reelegirse en el cargo y por último, sería el nombramiento del fiscal general de El Salvador.

Una de las estrategias del Fiscal General de Honduras,Oscar Chinchilla, ha sido la de navegar con la nueva corriente norteamericana de combatir el narcotráfico y la corrupción mientras en Honduras, hace constantes equilibrios por ayudar a sus correligionarios que enfrentan acusaciones de diversa índole. Así mismo, ha tratado de  mantener un perfil bajo que le ha permitido dar una imagen de estar en sus últimos años como Fiscal General, distanciado del gobierno nacionalista en el poder aunque se supone que forma parte importante del mismo.

El gobierno de Juan Orlando Hernández, por su parte, ha realizado  importantes esfuerzos por complacer al gobierno norteamericano en su lucha contra estos flagelos y aunque no desconoce la importancia que tiene  elegir un Fiscal General acorde con los nuevos tiempos, pareciera que ha abandonado la lucha dejando que sean otras instancias las que decidan al respecto o que la MACCIH a través de las organizaciones de la denominada sociedad civil asuma el control de dicha designación.

Para todos los gobernantes de estos países está claro, que para que Trump desembolse los recursos prometidos, tendrán que dar muestras evidentes que luchan  contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad porque de ello depende que el gobierno del presidente Trump se decida a aflojar la bolsa y que comiencen los desembolsos del Plan  Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte de Centroamérica  que suman alrededor de 750 millones de dólares a ser repartido entre los países que lo integran.

Honduras, aunque ya firmó tales acuerdos y espera su  primer desembolso  estimado  en  125 millones de dólares, en el presente  año, se enfrenta al dilema que el presidente  Trump enfrascado en una política antimigratoria en cuanto declara que Honduras es un país amigo escribe en sus famosos twits que no lo es por lo que este país ,se encuentra en una constante ruleta rusa sin que se pueda predecir su futuro económico que hasta ahora ha lucido prometedor.

Denia León

Publicado por Proceso Digital.

Tegucigalpa. – Guatemala y Honduras son los dos primeros países del triángulo norte que cambiarán sus fiscales en este año, mientras en El Salvador será en el 2019, pero en ambos procesos la mirada vigilante de Washington se hace sentir a nivel no solo de sus autoridades y senadores, también de importantes instancias civiles expertas en cabildeos que advierten de los riesgos que acarrearía para el istmo la escogencia de un mal fiscal.

La primera en vacar en el puesto es la fiscal de Guatemala,Thelma Aldana, una mujer que ha empujado en su país enormes procesos en contra la de la corrupción, la criminalidad organizada y la impunidad que tiene acusados ante los tribunales a un ex presidente, una ex vicepresidenta, varios ex funcionarios, políticos y empresarios por diversos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Ese trabajo lo ha hecho con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia que ha movido los cimientos de la impunidad en ese país.

Aldana está próxima a terminar su período en mayo y los cabildeos en torno a su sucesor o sucesora se hacen intensos, concitando el interés no solo nacional, sino que también internacional, en especial de Washington que ha coadyuvado fuertemente para echar andar los procesos anticorrupción en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

                                                              La Fiscal General Guatemala Thelma Aldana.

25 aspirantes e intensos cabildeos

Unos 25 aspirantes se han postulado para el cargo de la fiscal Aldana y dentro de esas propuestas los padrinazgos políticos se hacen sentir con mayor acento en unos que en otros, mientras la ciudadanía organizada y la cooperación internacional pujan por una elección transparente que continúe y profundice el trabajo de Aldana y de la CICIG, ante el temor de graves retrocesos ya que en el Parlamento no hay ambiente a favor de la CICIG.

El presidente Jimmy Morales, cuyo hijo y uno de sus hermanos están ligados a proceso por corrupción, mientras la Suprema Corte le retiene a él, como mandatario, un antejuicio por financiamiento ilícito de campañas, ha mostrado su abierta oposición a la CICIG y a la fiscal Aldana. De ahí se colige que se tejen fuerzas a lo interno del Parlamento para tratar de elegir un fiscal acorde a los intereses de una elite política temerosa en Guatemala.

El segundo en concluir su mandato es el fiscal hondureño Oscar Fernando Chinchilla, quien ha marcado otro ritmo a la institución por su lucha frontal contra el crimen organizado tanto en narcotráfico, lavado de activos, pandillas, trata de personas como en corrupción pública y privada.

                            El Fiscal General hondureño Oscar Fernando Chinchilla

Las acciones de la fiscalía durante el periodo de Chinchilla se resumen en operaciones de gran impacto, la mayoría de ellas con resultados inéditos en el país.

Igualmente, durante la gestión del actual MP hondureño, los avances para desentrañar crímenes emblemáticos han marcado una esperanza en el país. En los ámbitos institucionales Chinchilla ha creado la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha fortalecido la unidad fiscal antidrogas y otras unidades especializadas contra delitos emblemáticos.

En Honduras, la elección del próximo fiscal general y adjunto será en septiembre de 2018, pero los cabildeos por escoger al sucesor del abogado Óscar Fernando Chinchilla se han intensificado prematuramente. La Junta Proponente, responsable de la selección y elección de una nómina de cinco personas a ser presentadas al Congreso para elegir al fiscal, se instaló en las primeras semanas de marzo y tuvo la primera reunión de acercamiento.

De momento trasciende que la Junta de Proponentes analiza un cambio en las reglas de juego del proceso de selección al querer quitar el papel que por ley faculta a cada integrante de la Junta de nominar personas.

                            Junta Proponente para elección de fiscal general

El trabajo de la JP

Las versiones apuntan a que la Junta Proponente no estaría nominando a nadie para dar paso a las llamadas auto propuestas, es decir, que participe todo el que quiera. Se desconoce qué tipo de requisitos van a regir este tipo de nominaciones o de auto propuestas.

La Junta Proponente, que la preside el titular del Poder Judicial, ha indicado que hará de este proceso algo transparente y confiable. Se espera que en esta semana de abril se reúnan para definir un reglamento interno y los requisitos de quienes deseen aspirar, si habrá o no pruebas de confianza, si podrán aspirar o no abogados ligados a intereses de grupos económicos o defensores de clientes ligados al narcotráfico o la corrupción. Esos parámetros no han sido medidos, pero tampoco lo mencionan los proponentes.

Katya Salazar de la Fundación del Debido Proceso Legal con sede en Washington y experta en incidencia política en Washington, señaló que la región centroamericana, en especial los países del Triángulo Norte no están frente a la elección de cualquier fiscal.

En este sentido, dijo que tanto la fiscal Aldana en Guatemala como Chinchilla en Honduras, han dado muestras de querer combatir la impunidad, que han tocado ciertas estructuras que parecían intocables y que han sido aliados fundamentales en los esfuerzos anticorrupción que realiza la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Tegucigalpa.

Expertos exponen en foro “Perspectiva y desafíos de la lucha contra la corrupción”

Más que una elección

En el lanzamiento de una instancia civil denominada “Ciudadanía contra la Corrupción”, Salazar dijo que en Washington los ojos están puestos en Honduras, Guatemala y El Salvador, porque “se están jugando procesos importantes relacionados con los pasos anticorrupción que están dando estos países y preocupa como estos esfuerzos quieren ser frenados por sectores que han gustado operar en la impunidad”.

En la misma línea se pronunció el director del Centro Wilson, Eric Olson, al indicar que hay mucha expectativa en Washington en torno al rumbo que tomarán algunos casos fuertes de corrupción que han impulsado en Honduras la MACCIH y el Ministerio Público; iguales acciones se ven en Guatemala y vemos “como algunas redes se mantienen incómodas con estas acciones e intentan frenar un camino sin retorno” a que ha entrado el llamado Triángulo Norte centroamericano.

En las últimas semanas, senadores estadounidenses, instancias civiles y miembros de la cooperación internacional han expresado su preocupación por la elección de los fiscales generales en Guatemala y Honduras, han dado su respaldo a la CICIG y a la MACCIH, al igual que a las acciones de la Fiscalía en El Salvador, donde se libra otra fuerte lucha anticorrupción. La lucha ahí la encabeza el fiscal Douglas Meléndez.

fiscal de el salvador

                                   Fiscal general, de El Salvador Douglas Meléndez

Los llamados de los senadores han sido fuertes a los gobiernos de estos países para que no retrocedan en los esfuerzos hechos. En Tegucigalpa los mensajes de Washington también han sido claros a través de su representación diplomática.

Los mismos se producen cuando tanto en Guatemala como en Honduras la labor de las fiscalías al encabezar la persecución penal de importantes delitos de cuello blanco e impunidad es fundamental en la lucha anticorrupción.

Los fiscales que sucedan a Aldana en mayo, a Chichilla en septiembre y a Meléndez en el 2019, deben ser personas con un perfil similar o mayor a sus antecesores, alto perfil profesional en la persecución penal, compromiso con sus instituciones y la lucha anticorrupción e impunidad, transparencia en la gestión de sus funciones, ética, honorabilidad, honestidad y cero compromisos con negociaciones bajo la mesa, sostiene tanto el Centro Wilson como la Fundación para el Debido Proceso Legal.

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