Mi Opinión.
No cabe duda que con la creación de la MACCIH se han producido algunos cambios en el país en materia de transparencia, combate a la corrupción y al narcotráfico. Estos avances coincidieron con la adopción de una política de extradición de personas vinculadas al lavado de activos y narcotráfico por parte del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández hacia EEUU.
La MACCIH por su parte, ha iniciado una serie de investigaciones sobre el Poder Legislativo sin embargo, ha cuestionado la Ley de Secretividad que se ha convertido en un nicho para proteger a altos funcionarios y exfuncionarios que supuestamente han participado a través de los diferentes gobiernos en negocios del Estado con la empresa privada dentro y fuera del país.
Todos estos cambios que se están dando aunque han sido lentos, han rendido algunos frutos. Específicamente la MACCIH concentró sus esfuerzos alrededor de las negociaciones de los denominados “cachiros” que se les han vinculado al tráfico de drogas hacia EEUU donde resultó prácticamente desmantelado uno de los bancos nacionales saliendo a la luz pública posteriormente, que el mismo Estado, también había participado con contratos que justificaban las transacciones del banco intervenido .
Así mismo, la MACCIH centró su atención en perseguir a ex funcionarios vinculados a millonarias transacciones con el presupuesto del IHSS sin que hasta ahora, los empresarios que fueran vinculados con el desfalco de esa institución, sufrieran pena alguna por tales transacciones.
Finalmente la MACCIH concentró sus esfuerzos en el manejo poco transparente del erario nacional que hicieron unos cinco ex diputados sin que se profundizara en el accionar de otros diputados que han tenido un perfíl más elevado o han formado parte de la cúpula del Poder Legislativo del gobierno en el poder a pesar que el ex vocero de la Misión Juan Jiménez Mayor expresó públicamente que existía una red de diputados corruptos entre 60 y 140 de los que supuestamente algunos de ellos, forman parte de ese poder del Estado.
Pese a los limitados resultados de la MACCIH, no se puede desconocer que han existido algunos avances en el combate a la corrupción y que podrá verse en el futuro un papel más protagónico tanto de la Misión como del Fiscal General quien fue nombrado en el cargo con la anuencia del presidente Juan Orlando Hernández y ha recibido el apoyo de la OEA en su gestión.
Denia León
Redacción La Tribuna
Un reconocimiento a las gestiones del fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, al Poder Judicial y al Tribunal Superior de Cuentas, cerró el informe del pasado 19 de octubre de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH –OEA), divulgado por la secretaría general, este fin de semana.
Se trata del Tercer Informe Semestral de trabajo correspondiente al período de un año, en el marco de lo que ellos llaman el “Modelo Hondureño de Combate a la Corrupción”, que consta de al menos 22 recomendaciones, en donde se dejó claro desde el primer numeral, que es el camino para dar la “batalla” a la impunidady corrupción.
En ese sentido, se destaca la aportación del fiscal general de la República, a través de la conformación y fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), en un trabajo mancomunado con juzgados y tribunales con competencia nacional contra la corrupción, en el nuevo sistema MACCIH para investigar y procesar los delitos en cuestión, significaba a esta fecha un pilar fundamental.
Asimismo, la participación de la Secretaría de Seguridad y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), en todo lo que respecta a la detención, clasificación y custodia de los imputados y condenados, por delitos de corrupción, en condiciones de igualdad junto a otros reos.
También, la participación de la PGR para evitar las conciliaciones en casos de corrupción, la recuperación de recursos apropiados ilícitamente, las reparaciones civiles y la inclusión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para gestionar los recursos y potenciar la Unidad Anticorrupción en las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En la segunda y tercera recomendación, la MACCIH hizo el llamado a la sociedad civil, con quienes se abrieron instancias de cooperación para fortalecer la veeduría ciudadana, control del gasto público, supervisión de la ejecución de obras públicas y servicios públicos, la exigencia de rendición de cuentas a todos los funcionarios, poniendo a disposición el sitio web del Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la MACCIH-OEA, web www.observatoriohonduras.org, desde el cual se pueden hacer consultas sobre el sistema de justicia penal de Honduras, exhortando la difusión masiva.
Sobre el “modelo hondureño de combate a la corrupción” se recomendó el rediseño institucional del sistema anticorrupción con herramientas jurídicas, que permitan profundizar las investigaciones y lograr detectar las redes de corrupción, que impliquen a altos funcionarios del Estado y personas del sector privado.
En esta quinta recomendación, la MACCIH-OEA insistió la pronta aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, presentada en diciembre de 2016 y que se encuentra en el Congreso Nacional desde el 8 de abril del 2017, legislación concordante con la Convención de Palermo de la que Honduras es parte, y que obliga a los Estados a adoptar este tipo de iniciativas contra la criminalidad, vital para la lucha contra el crimen en Honduras, insistió.
Asimismo, consideró al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como una instancia de la sociedad civil que coopera fuertemente en las tareas de prevención e interdicción de la corrupción y la necesidad de la autonomía de este organismo.
OTRAS PETICIONES AL CN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LA LEY DE SECRETOS
La MACCIH-OEA también advirtió en el tercer informe semestral sobre posibles reformas que harían retroceder las acciones contra la corrupción y la impunidad, si en el Congreso Nacional se reformaba la Ley Orgánica del TSC, en ese sentido, recomendó que no se impidiera al Ministerio Público la posibilidad de acceso a información sensible para el cumplimiento de sus funciones.
Indican que el cierre de esta posibilidad implicaría un retroceso a la legislación vigente que sí permite ello. De igual modo, la MACCIH-OEA considera que esta es una excelente oportunidad para precisar los artículos: 77°, 87° y otros de la mencionada Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, respecto a la atribución constitucional del Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal pública en el delito de enriquecimiento Ilícito.
“Toda vez que existe una errónea interpretación respecto a las tareas de indagación administrativa del TSC, como previa a la tarea de investigación de la Fiscalía. La recomendación enfatiza en la necesidad de reconocer que el Ministerio Público constitucionalmente puede efectuar una investigación y requerimiento, independientemente de las funciones administrativas del mencionado Tribunal, cuyos dictámenes pueden servir para determinar la sanción penal, pero no para el ejercicio de la misma por parte del Fiscal”.
Asimismo, la MACCIH-OEA instó a estructurar un nuevo modelo legal para el acceso a la información pública, alineado a los estándares internacionales conforme lo ha sugerido en el Reporte MACCIH-OEA 5 y contenido en el proyecto de ley entregado al Poder Ejecutivo el 4 de julio pasado. En esa medida, aún se encuentra vigente la recomendación de la Misión para que la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, llamada también “Ley de Secretos”, requiere ser derogada y aprobarse una nueva normativa que no afecte el derecho humano al acceso a la información y se impida que la falta de transparencia fomente hechos de corrupción.
Instó a que las penas por delitos de corrupción no sean rebajadas como sucedió recientemente con el delito de malversación y que se plantea en la propuesta legislativa existente en el Congreso, para otros delitos de corrupción en el proyecto de Código Penal en actual debate en el Congreso Nacional. La MACCIH-OEA advirtió estos hechos en su REPORTE MACCIH-OEA No 2 de octubre de 2016, en donde señaló que, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito en su forma más grave se reduce de 15 a 6 años.
Anunció una iniciativa legislativa, “ley modelo de la OEA” para que pueda ser presentada al Poder Ejecutivo, referida a la protección de denunciantes ya que Honduras tiene normas relativas a la protección de testigos, pero no respecto a denunciantes por delitos de corrupción.
LATROCINIO IHSS, INDEPENDENCIA JUDICIAL
Sobre el latrocinio ocurrido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la MACCIH-OEA insistió en el proyecto de nueva Ley del Seguro Social que se encuentra en el Congreso Nacional, el planteamiento de normas que permitan mejorar la gestión y dirección de dicha institución, implementar mecanismos de compras y controles más eficaces, buscando impedir que la historia reciente “no se repita”.
En ese contexto, exhortó que para avanzar en el Poder Judicial con la garantía institucional de la independencia de jueces y magistrados evitando injerencia indebida, la MACCIH-OEA alienta la necesidad de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, una Ley de Carrera Judicial e impulsar al Consejo de la Judicatura, que el proceso de elección de más de 190 jueces y magistrados convocados por el Poder Judicial, se desarrolle por medio de los principios de méritos, competitividad, transparencia.
Según la Misión lo más pernicioso de la corrupción es la relación de funcionarios públicos con el crimen organizado, quienes, por omitir sus deberes, permiten o alientan la comisión de hechos delictivos en agravio de la población, por ello la MACCIH-OEA enfatizará, que el problema de la corrupción requiere el máximo de atención del Estado y que se pueda generar a nivel de los sistemas regionales y universales de protección y promoción de derechos humanos.
La MACCIH-OEA también destaca en el documento el resultado del trabajo en conjunto con la Fiscalía con quienes se han fijado condenas contra funcionarios del IHSS, testaferros y empresarios como nunca antes en la historia del país y la condena contra el ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, primer funcionario condenado por el delito de tráfico de influencias en la historia judicial de Honduras ante esto vaticinó que el proceso de investigaciones y sanciones irán progresivamente incrementándose, siendo recomendable seguir vigilantes.
PROPUESTAS, RECONOCIMIENTO AL ESTADO, PENDIENTES
La recomendación número 15 de MACCIH-OEA, refiere el trabajo directo con organizaciones de la sociedad civil, trasladar tecnología anticorrupción, el programa de fortalecimiento de la prensa de Investigación, el concurso de litigación oral para estudiantes de las diversas escuelas de derecho del país, la Cátedra MACCIH-OEA que implica la capacitación a estudiantes y cualquier persona que quiera formarse en temas de combate a la corrupción y el proyecto denominado “el trámite más inútil”, encaminado a reducir las posibilidades de corrupción en los trámites que realizan los ciudadanos en su vida diaria y los empresarios que quieren iniciar un emprendimiento.
Al mismo tiempo, reconoce los esfuerzos realizados por el Estado para la reforma y reestructuración de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, como órganos fundamentales que garantizan la seguridad pública.
En el caso de la Policía Nacional el reconocimiento del modelo de policía comunitaria, recomendado por la MACCIH-OEA durante el proceso de discusión del proyecto de Ley de la Carrera Policial, así como la inclusión del tema de los Derechos Humanos de manera transversal, el esfuerzo de las autoridades penitenciarias para dignificar la vida de la población reclusa, y el desarrollo de políticas de reeducación que al darle la oportunidad al recluso de desempeñar una actividad productiva una vez recupere su libertad.
No obstante, la MACCIH-OEA llama la atención respecto a la necesidad imperiosa de lograr una mayor coordinación de las demás instituciones vinculadas con la justicia penal, particularmente el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el objeto de garantizar la agilización de los procesos penales que se les sigue a la población penitenciaria, así como una mejor preparación en aspectos como la oralidad en los procesos, la atención a los reos, y en general todos aquellos aspectos que permitan al Instituto Nacional Penitenciario cumplir con sus responsabilidades.
Un desafío importante constituye, la necesaria revisión y mejora de los mecanismos de protección para los operadores de justicia, en particular magistrados, jueces, defensores públicos, fiscales y servidores públicos. Con el apoyo de la cooperación internacional, la MACCIH-OEA ha desarrollado dos programas dirigidos a la creación de los mecanismos de protección para el Poder Judicial y el Ministerio Público, realizando un diagnóstico, una propuesta integral entregada a las instituciones señaladas poniéndonos a su disposición para trabajar en conjunto. A la fecha de este informe, se encontraba atenta para el trabajo conjunto en la conformación de mecanismos de protección, para garantizar una adecuada lucha contra la corrupción y la impunidad.
Finalmente, la MACCIH-OEA recomendó que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización actuase con la mayor celeridad posible, que los políticos cumpliesen los plazos de las obligaciones que le debía imponer la Ley de Política Limpia que garantizaría la transparencia del financiamiento y prevenir “nichos de corrupción”, el respeto de restricciones en la propaganda, prohibiciones sobre las inauguraciones de obras y que la Unidad, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, encabece en los primeros meses de 2018 un esfuerzo para recoger las lecciones del proceso electoral en materia de financiamiento, proponer los ajustes legales, técnicos y presupuestarios para conseguir el cumplimiento de los propósitos de la Ley de política limpia.
