El Gobierno del Partido Popular (PP), bajo el liderazgo del expresidente Mariano Rajoy, gastó 500.000 euros de dinero público en destruir pruebas que incriminaban a su formación política en un caso de corrupción que estaba siendo investigado por la Justicia, según documentación a la que ha tenido acceso la Cadena Ser.
La información, todavía clasificada como secreta por el Ejecutivo, desvela que el Ministerio del Interior destinó ese monto entre 2013 y 2015 a una operación, denominada ‘Kitchen’, de la ‘Policía política’ para destruir pruebas comprometedoras que supuestamente se encontraban en poder de Luis Bárcenas, el extesorero del partido político.
El medio millón de euros fue empleado, entre otras cosas, para sobornar al chófer de Bárcenas mientras se colocaban cámaras espía y micrófonos en el domicilio del extesorero, donde presuntamente guardaba documentación comprometedora para líderes del Partido Popular. También se usó para financiar los seguimientos a todos los miembros de la familia Bárcenas, incluida la empleada del hogar.
Asimismo, los documentos indican que ese dinero también se empleó para pagar a un falso cura que, a punta de pistola, secuestró a la esposa y al hijo de Bárcenas, con intención de hacerse con las pruebas que se encontraban en su domicilio.
Policías engañados
Según la información publicada por la Cadena Ser, solo estaban al corriente de la Operación Kitchen dirigentes políticos y un pequeño grupo de policías, liderados por el exdirector Adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
El resto de funcionarios que participaron en los diferentes operativos no conocían las verdaderas intenciones de las actividades que estaban llevando a cabo y creían que seguían instrucciones del juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba la financiación irregular del PP –el conocido como caso de la caja B–, en vez de estar ayudando a destruir pruebas al servicio del partido en el Gobierno.
Mariano Rajoy en el foco de las sospechas
La normativa que establece el uso de los fondos reservados obliga a que estén dotados de un sistema especial de justificación y control y que su único uso sea la defensa y seguridad del Estado. Además, establece que únicamente el ministro del Interior, en este caso Jorge Fernández Díaz, puede determinar la finalidad y el destino de los mismos, aunque en este caso fue el secretario de Estado de Seguridad, número dos de Interior e imputado en la causa, Francisco Martínez, el responsable de aprobar la disposición de esos fondos para llevar a cabo la operación policial.
Además, según la legislación, el ministro está obligado a informar periódicamente tanto al presidente del Gobierno como al Congreso de los Diputados, a través de su comisión sobre secretos oficiales. Por lo que ahora queda por determinar si tanto Rajoy, como los parlamentarios, fueron informados por Fernández.
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