Una mujer fue capturada en las últimas horas cuando pretendía introducir dos teléfonos celulares al Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso, zona oriental de Honduras.
Se trata de Emerita Rudith Alvarenga García (45), quien se presentó al recinto carcelario para visitar a su hijo Arbid Efren Martínez Alvarenga.
El informe de las autoridades penitenciarias, la señora llevaba varios alimentos para su vástago.
Asimismo, una sudadera enrollada de forma sospechosa, por lo que los agentes procedieron a extender la prenda de vestir y en ese momento cayeron los dos teléfonos celulares envueltos en bolsas plásticas.
En el acto, los agentes notificaron la acción a las autoridades del centro penitenciario quienes alertaron a los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para que se le siga el proceso conforme a ley, poniendo a su disposición a la detenida.
Hasta cinco años de cárcel
Las autoridades indicaron, que la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niños y Niñas a nivel nacional, en su artículo 7, en uno de sus párrafos establece que la persona que se encuentre privada de libertad y se le encuentre en posesión de un teléfono celular debe ser sancionada con una pena de tres (3) a cinco (5) años de cárcel.
“Con la misma pena de reclusión, más multa de cien mil lempiras (L.100,000), se debe sancionar a quien por visita a un privado de libertad o por cualquier motivo acceda alguno de los establecimientos dispositivos o equipos”, indica el mencionado artículo.
Asimismo, la mujer será sancionada en base al Reglamento Disciplinario para las Visitas en los Centros Penitenciarios, en el cual se incluye la cancelación definitiva del carné.
Antecedentes
En lo que va del 2019, ya suman 16 personas detenidas al intentar introducir droga o artículos de uso prohibido para las personas privadas de liberta, 15 son mujeres en su mayoría acusadas al intentar ingresar transportando droga en sus partes íntimas, cabello, comida, entre otros.
Desde el 2018, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), trabaja en coordinación con la DPI para proceder legalmente en contra de los visitantes que intenten introducir artículos o sustancias prohibidas en los centros penitenciarios. La Tribuna.
