Un nuevo motín carcelario fue controlado sin víctimas fatales en Ecuador y los cinco guardias que estaban retenidos fueron liberados este lunes (01.03.2021), mientras el parlamento exigió al gobierno la destitución de tres altos funcionarios por su responsabilidad en los motines sangrientos ocurridos en cuatro cárceles del país que se saldó con la muerte de 79 reclusos.
“Los servidores del cuerpo de seguridad, que fueron retenidos por los internos, se encuentran a salvo y sin daños en su integridad física o salud”, indicó en un comunicado el organismo a cargo de las prisiones.
“No se registró fallecidos” durante el nuevo amotinamiento, añadió la nota.
La Policía señaló por Twitter que la acción de sus agentes “permitió controlar los incidentes” en la cárcel de Latacunga, el centro andino ecuatoriano y capital de la provincia de Cotopaxi.
En ese mismo lugar murieron la semana pasada ocho reclusos.
Más temprano, el comandante policial, general Patricio Carrillo, había informado con un tuit que “esta mañana nuevo amotinamiento en (cárcel de) Cotopaxi, deja 5 guías retenidos”.
“El problema carcelario tiene graves implicaciones y es diverso en sus manifestaciones, las crisis las resolvemos temporalmente con enormes esfuerzos y sacrificios”, agregó en la red social.
Parlamento exige destitución de funcionarios
El martes pasado, Ecuador vivió su peor crisis carcelaria cuando 79 reclusos de los pabellones de máxima seguridad murieron en violentos amotinamientos de detenidos en cuatro penitenciarias: dos del puerto de Guayaquil (suroeste), una de Cuenca (sur) y la de Latacunga. Esas cárceles son las principales del país y concentran un 70% de los 38.000 reclusos a nivel nacional.
Este lunes, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador exigió al presidente del país, Lenin Moreno, que destituya al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo; y de Johana Pesántez, presidenta del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.
Los legisladores consideran que ellos tiene responsabilidad en los hechos sangrientos ocurridos en cuatro cárceles del país.
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