“Hemos impuesto más de 5.000 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan más de 1.500 inhabilitaciones”, aseguró la secretaria de la Función Pública de México, Irma Sandoval, ante el Parlamento.
La secretaria de la Función Pública de México, Irma Sandoval, aseguró este martes (27.10.2020) en la Cámara de Diputados que en los dos años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han impuesto más de 5.000 sanciones por corrupción contra funcionarios.
“Hemos impuesto más de 5.000 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan más de 1.500 inhabilitaciones, casi 1.000 suspensiones, más de 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas, casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones”, aseguró Sandoval ante las bancadas legislativas.
Sandoval dijo que, a diferencia de otras administraciones, “cuando los altos funcionarios se iban tranquilamente a sus casas a disfrutar el botín que le habían arrebatado al pueblo”, el actual Gobierno ha sancionado a empleados públicos y que dichas penalidades “se han dictado sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados”, como exsecretarios de Estado y exgobernadores, “quienes ya enfrentan procesos judiciales y administrativos”.
Durante su comparecencia -como parte del segundo informe de Gobierno de López Obrador- la funcionaria recordó que entre los sancionados están la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya y el exdirector de la filial Pemex Fertilizantes Edgar Torres. Todos ellos ejercieron en la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y, según Sandoval, “han recibido la sanción más alta posible”.
La secretaria de la Función Pública también informó que se ha sancionado a 321 empresas proveedoras del Gobierno con multas que ascienden a más de 1.500 millones de pesos (unos 71,3 millones de dólares) y que se han presentado 513 denuncias penales por corrupción, el doble de las que se presentaron en la Administración anterior.
Ante la pandemia de COVID-19, Sandoval dijo que se han supervisado más de 3.300 procesos de contratación en el sector sanitario por más de 9.500 millones de pesos (unos 451 millones de dólares) “para impedir que la emergencia sanitaria sirva para encubrir desfalcos”.
Durante su intervención, Sandoval defendió la polémica supresión de 109 fideicomisos públicos dedicados a emergencias, ciencia y protección a los derechos humanos, como parte del combate a la corrupción. Explicó que -al cierre de 2019- se registraban 338 fideicomisos sin estructura, con disponibilidades por más de 740.000 millones de pesos (3.520 millones de dólares) equivalentes al 22 por ciento del presupuesto federal.
En respuesta, la diputada Josefina Salazar Báez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), denunció que el actual Gobierno es “reacio al control democrático”, y en dos años de gestión “no hay avance en materia de combate a la corrupción y ya no hay mayor expectativa al respecto”.
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