Diputados sandinistas piden sancionar con prisión los ciberdelitos, la incitación al odio en redes sociales y la difusión de noticias falsas.
La mayoría parlamentaria del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) propuso este lunes (28.09.2020) una iniciativa de ley que castigará con cárcel la propagación de noticias falsas o tergiversadas y el acoso sexual cibernético en Nicaragua, y solicitará la extradición de quienes fuera del territorio atenten contra la seguridad del Estado.
La iniciativa denominada Ley Especial de Ciberdelitos, presentada en el marco de una grave crisis sociopolítica que estalló desde hace más de dos años, tiene como objeto “la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en perjuicio de personales naturales o jurídicas”, según el proyecto divulgado en la página web del parlamento.
El texto propone castigar los ciberdelitos con condenas de entre dos y 10 años de cárcel. Y define estos como las acciones “de carácter penal cometidas en contra de personas naturales o jurídicas”, como el sistema bancario, “por medio de sistemas informáticos y de comunicación”.
Ese delito incluye el fraude y espionaje electrónico, la usurpación de identidad y uso de la tecnología digital para cometer delitos de corrupción de menores y pornografía infantil.
También perseguiría el uso de las redes sociales para amenazar a personas o atemorizar a una población “étnica, cultural, religiosa” o de otra índole.
Prisión por difundir información falsa
La iniciativa plantea, asimismo, aplicar una pena de dos a cuatro años de prisión a quien “publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”, y un castigo de hasta cinco años de prisión a quienes “inciten al odio y a la violencia”.
La policía o el Ministerio de Gobernación se encargarían de conservar los datos del tráfico informático que sea de su interés.
Plantean intervenir y confiscar equipos
Asimismo, la iniciativa regula la protección de los sistemas informáticos del Estado, a aquellos destinados a la prestación de servicios públicos, al sistema bancario y financiero, instituciones públicas, privadas o mixtas que presten un servicio público.
Además, autoriza a la Policía y al Ministerio Público, previa orden judicial, a que “puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos”.
La iniciativa fue introducida en el Parlamento, donde el partido de gobierno es mayoría, una semana después de que los diputados promovieran un polémico proyecto para declarar como “agentes extranjeros” a quienes reciban dinero de entes foráneos, entre ellos ONG y medios de comunicación internacionales.
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