Existen voces de la política internacional que piden una intervención militar en Venezuela, alegando que esa es la única salida posible a la crisis en el país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en marzo de 2019 que “todas las opciones están sobre la mesa”, refiriéndose justamente a esa posibilidad. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró a DW el 19 de agosto de 2020 que la única estrategia que queda en Venezuela es una intervención internacional.
Un llamamiento a la entrada de un ejército extranjero a Venezuela conlleva la posibilidad de un conflicto militar de dimensiones mayores, según expertos. “Si recordamos la intervención militar en Panamá en 1989, supuestamente iba a ser una operación relámpago, y sin embargo fue de larga duración y costó la vida de miles de civiles. Esa también sería la consecuencia en Venezuela. Independientemente de si uno está de acuerdo o no con el gobierno de Maduro, una intervención militar extranjera, estadounidense, sería la peor opción y agravaría la situación de derechos humanos en el país”, sostiene Raul Zelik, ensayista y analista político, en entrevista con DW.
¿Violar los DDHH para defender los DDHH?
Quienes esgrimen el argumento de una intervención militarizada como posibilidad de resolver la crisis alegan que la situación humanitaria, debida a la violación masiva de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, así lo exige. La Corte Penal Internacional de La Haya está investigando a Maduro por crímenes de lesa humanidad, aunque aún no decidió si hay motivos para un juicio en su contra.
El objetivo de una intervención militar sería, según la oposición, forzar a Maduro a abandonar el poder, y así convocar a nuevas elecciones. Pero afirmar que la única solución para defender los derechos humanos en Venezuela es la entrada de soldados de un ejército extranjero, con el peligro latente, por ejemplo, de ataques aéreos, resulta paradójico, ya que sería justamente la población civil la que saldría más perjudicada y perdería sus derechos más fundamentales. Según Zelik, exprofesor adjunto de Ciencias Políticas la Universidad Nacional de Colombia,”las intervenciones militares siempre afectan a las mayorías populares. Es decir, que, a pesar de que el discurso que sustenta esa intervención se dirige en contra del gobierno, los muertos provienen de las clases populares”.
“Una intervención militar siempre alberga el peligro de que el Estado que es intervenido por potencias extranjeras se defienda de ella, y con eso se produzcan más violaciones de los derechos humanos. Eso empeoraría la situación de los derechos humanos”, aclara Martin Lessenthin, portavoz de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (IGFM, por sus siglas en alemán), a DW. “Es evidente que una intervención militar extranjera en Venezuela no se haría en absoluto para defender los derechos humanos, sino para imponer intereses económicos y lograr el control directo de los recursos del país”, resalta, por su parte, Raul Zelik.
Una intervención militar nunca es una opción para los derechos humanos
Nicolás Maduro apenas permite que llegue ayuda humanitaria al país, y sigue echándole la culpa de la debacle a una “guerra económica”, mientras la oposición responsabiliza al gobierno.
Maja Liebing, experta en Venezuela de la rama alemana de Amnistía Internacional (AI), dice a DW que esa organización ha podido documentar “serias violaciones de los derechos económicos de las personas en Venezuela. Se trata de una crisis económica gravísima, y hay tremendos problemas de abastecimiento en el país. No solo de alimentos, sino también de equipos médicos. Y esto, que viene sucediendo desde hace años, ha tomado dimensiones increíbles”.
Se estima que 3 millones de personas tuvieron que salir forzadamente de Venezuela, buscando protección en otros países, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), y la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR. Con una inflación acumulada del 491% en los primeros siete meses de 2020, según el Banco Central de Venezuela (BCV), y del 843,44%, según el Parlamento controlado por la oposición, el acceso de la población a alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad no está garantizado. Con lo cual no está garantizado el derecho a la alimentación, además de otros derechos económicos, sociales y culturales, amparados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948.
Si la situación humanitaria en Venezuela es tan grave, desde el punto de vista de los derechos humanos ¿podría eso justificar una intervención militar extranjera? “Una intervención militar es siempre un enorme riesgo para la población civil”, subraya Maja Liebing. “En este caso, se trata de un conflicto altamente politizado, y esa propuesta de intervención militar no significa necesariamente que se hará para proteger los derechos humanos de los venezolanos, sino que, por momentos, parece ser parte de un conflicto entre Trump y Maduro. Por eso es tan importante poner en el centro de la discusión los derechos humanos de la población, qué es lo que realmente ayudaría a la gente en el lugar”, explica la experta de AI.
Martin Lessenthin por su parte, recuerda la intervención de la OTAN en la antigua Yugoslavia durante la Guerra de Kosovo, en 1999, elogiada internacionalmente, y que llevó a terminar con un genocidio y a la prevalencia de la democracia. Pero ese caso no es comparable con el de Venezuela. “Estoy en contra de una intervención militar en Venezuela. Es de desear que el pueblo de Venezuela encuentre un camino ampliamente pacífico para liberarse de la dictadura de Maduro. Que haya una posibilidad de liberar a todos los presos políticos, que no han hecho uso de la violencia ni animan a la violencia. Y que se lleven a cabo elecciones justas y transparentes, sin manipulaciones ni amedrentamientos, y con la presencia de observadores internacionales”, puntualiza.
