Siete generales de la Policía chilena están siendo investigados por el uso de la fuerza que emplearon los Carabineros contra manifestantes en 2019.
La Contraloría General de la República de Chile formuló cargos contra siete generales del Alto Mando del cuerpo policial de Carabineros por su eventual responsabilidad administrativa en el proceder de los agentes durante las protestas sociales que comenzaron en el país en octubre de 2019, según trascendió este viernes (11.09.2020).
Estos altos oficiales investigados no habrían garantizado el cumplimiento de los “protocolos del uso de la fuerza” durante las protestas, según la información relevada por la prensa local.
La lista de los uniformados que están en la mira de la Contraloría son el general inspector Ricardo Yáñez Reveco, que ocupa el cargo de director nacional de Orden y Seguridad; los generales inspectores Jorge Valenzuela Hernández, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales y Mauricio Rodríguez Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana de Santiago de Chile. Además, completan la nómina los generales Enrique Bassaletti Riess, Enrique Monrás Álvarez, Hugo Zenteno Vásquez y Jean Camus Dávila.
La labor de Contraloría se enmarca en un sumario administrativo de la Fiscalía Institucional de ese órgano que se inició a raíz de diversas denuncias de particulares y de organizaciones de derechos humanos internacionales. Esta investigación de la Contraloría -entidad de carácter autónomo que controla la legalidad de los actos de la Administración Pública- es administrativa e independiente de las indagaciones que pueda llevar la Fiscalía.
¿Cuál fue la reacción de Carabineros?
A raíz de esta información, el cuerpo de Carabineros emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que indica que aportará al ente contralor la “información que permita el desarrollo de las diligencias que realiza”.
Sin embargo, Carabineros destacó en su escrito que “el contexto del período en cuestión fue de extrema violencia, con 8.957 eventos de graves alteraciones del orden público. Ello significó una alta exigencia y, por consecuencia, una demanda sin precedentes sobre los medios humanos y logísticos con que contaba Carabineros de Chile”.
“A pesar de esas dificultades, con Carabineros heridos, cuarteles atacados y vehículos destruidos, nuestra institución mantuvo el compromiso con la paz social y el orden público”, añade el documento que finaliza con un “reconocimiento y apoyo” a todos los funcionarios de la institución que “supieron y saben responder” a ese “enorme desafío país”.
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