CN prevé vigencia del Código Penal para noviembre, mientras CSJ sugiere ampliar vacatio legis

En esos términos se refirió el diputado Mario Pérez, quien fue presidente de la Comisión de Dictamen del Código Penal, luego de sostener una reunión con representantes de la iniciativa privada.

Desde que se publicó la nueva normativa, el pasado 14 de mayo, en el diario oficial La Gaceta, una avalancha de voces se han unido al unísono para condenar el Código asegurando que se rebajan considerablemente las penas a delitos de criminalidad común, organizada e ilícitos cometidos en la administración pública, así como la trasgresión a la libertad de pensamiento, prensa y opinión.

En el medio local, más de una veintena de instituciones de sociedad civil, incluida la academia han pedido la abrogación del Código. Lo mismo ha pasado con entes externos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la embajada de EEUU en Honduras.

Aunque vale mencionar que el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, había anunciado una posible extensión de la entrada en vigencia de la normativa penal, en las últimas horas el congresista Mario Pérez se encargó de desvirtuar tal aseveración.

“Hasta hoy la decisión es que el Código entre en vigencia el 10 de noviembre”, subrayó Pérez a la consulta de periodistas este miércoles.

Mario Pérez.“Nuestro compromiso es transformar esto de manera rápida en una iniciativa de ley, si es posible para esta misma semana, presentarla ante el pleno de diputados, pedir de inmediato la opinión de la honorable Corte Suprema de Justicia y una vez recibido ese documento, esa opinión, poderlo discutir en el pleno antes del 10 de noviembre”, dijo el parlamentario por Santa Bárbara luego de las reformas que propone el sector privado.

Puntualizó que ese poder del Estado ya sostuvo varias reuniones con otros sectores de la sociedad que objetan el articulado del nuevo Código Penal, con quienes se han logrado algunos acuerdos, sin embargo invitó a más grupos organizados para que presenten sus inquietudes y poder hacer las modificaciones antes del 10 de noviembre que es cuando entra en vigencia la normativa.

En esa misma vía, el exfiscal del Ministerio Público, Aldo Santos, reflexionó que el cuerpo penal no puede ser reformado si el mismo no ha entrado en vigencia.

“La vacatio legis, es la oportunidad para los legisladores, operadores de justicia y para la población, en que amplíe su conocimiento de la norma jurídica. Además permite que cuando se publique el Código Penal, se establezca su parte dispositiva final y la vigencia”, arguyó Santos.

Puntualizó que “no puede haber reforma en este momento, si la ley no entra en vigencia, para que haya reformas, tiene que haber entrado en vigencia”.

CSJ preocupada por rebajas de penas

Esta misma semana, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, no escondió su preocupación  por las rebajas en las penas a delitos como extorsión, lavado de activos y narcotráfico en el nuevo Código.

Tal como ha sido su opinión, la normativa debe entrar en vigencia hasta finales de 2020. “En el tema del Poder Judicial es básicamente para que nos dé tiempo de preparar a nuestra gente: secretarios judiciales, receptores, escribientes, así como a más de dos mil facilitadores judiciales y 286 defensores públicos”, adicionó.

El titular de la CSJ ha mostrado su preocupación por el nuevo Código. El titular de la CSJ sugirió revisar las sanciones del nuevo Código Penal, especialmente en delitos de extorsión, “me preocupa que hay algunas reducciones en este delito que es uno de los que más afecta a la ciudadanía… también algunas tipologías de criminalidad organizada como narcotráfico y lavado de activos”.

Expertos y conocedores del nuevo Código Penal han llamado la atención en cuanto que el cuerpo legal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre, reduce las penas para narcotraficantes y otros delincuentes involucrados en el tema de drogas y estupefacientes.

Voces diversas sobre el Código

Para el exencargado de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Dagoberto Aspra, la herramienta legal en discusión es demasiada avanzada para una realidad como la hondureña.

El togado, quien actualmente es litigante privado, dijo que las críticas se deben a que el texto contempla nuevas figuras delictivas que no son comprendidas por la población.

Organizaciones de Sociedad Civil también están en contra del Código. Las actuales autoridades del CNA han informado que investigan si varios de los artículos del Código Penal que se publicó en La Gaceta fueron discutidos en la Cámara Legislativa. Se han comprometido a ahondar estas indagaciones para presentar la denuncia correspondiente en el caso que la hubiera. Este ente de sociedad civil se opone rotundamente a la entrada en vigencia del nuevo texto penal.

Mientras para el representante del Comité por la Libertad de Expresión en Honduras (C-Libre), Eddy Tábora, en el Congreso Nacional quieren que entre en vigencia el nuevo Código porque temen a las investigaciones que se estarían realizando a muchos de los actuales diputados.

“En el Congreso quieren que el Código Penal entre en vigencia, porque algunas personas relacionadas a los partido políticos que han ostentado el poder en los últimos años, Partido Nacional y Liberal, están siendo investigados por actos de corrupción y varios de ellos ya tienen procesos penales abiertos en Honduras y Estados Unidos”, añadió el representante de sociedad civil.

Por su parte, la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), demandó hace unos días que se suprima el nuevo Código Penal, al tiempo que sugieren se convoque a todas las fuerzas cívicas del país para la elaboración de otro instrumento jurídico, que se adapte a la realidad nacional y a la cultura judicial hondureña.

El nuevo Código Penal fue introducido a la Cámara el 25 de agosto de 2015, fecha en que también se nombró una comisión especial multipartidaria para elaborar el dictamen. El mismo creó más de 50 nuevas figuras delictivas y se terminó de aprobar en enero de 2018. Fue publicado en La Gaceta en mayo de este año y entra en vigencia el 10 de noviembre.

Proceso Digital.