Después de presentar unos 18 requerimientos fiscales en los Juzgados Anticorrupción, esta noche se entregaron a las autoridades, el ex ministro Miguel Pastor, así como dos altos funcionarios de la desaparecida Soptravi, Walter Noé Maldonado y Daysi Marina Zúniga Fuentes.
Así lo confirmó hoy el vocero de ese ente, Carlos Silva, quien abundó que como a las 10:00 de la noche se iba a someter a audiencia de declaración de imputado, Miguel Pastor, quien se presentó voluntariamente con su equipo de abogados.
Junto a Miguel Pastor, la otra persona que se presentó es Walter Maldonado y a quienes la UFECI les presentó requerimiento fiscal por abuso de autoridad, cohecho, fraude en perjuicio de la administración pública, lavado de activos y falsificación de documentos contra la fe pública.
Walter Noé Maldonado fue el director general de Carreteras, quien según las investigaciones de la UFECIC, fue uno de los responsables de los proyectos y firmaron las órdenes de recepción de los mismos, sin que estos hubiesen sido culminados o cumplieran con las condiciones mínimas pactadas en los convenios de construcción.
La otra persona que se presentó casi al mismo tiempo que los demás, fue Daysi Marina Zúniga Fuentes, quien es acusada por cohecho pasivo, fraude, abuso de autoridad, lavado de activos, falsificación de documentos y fraude en perjuicio de la administración pública.
El portavoz dijo que había uno de los delitos que están dentro del catálogo, pero que la “determinación la tomará el juez correspondiente, si les permite otras medidas distintas a la prisión
Silva dijo que no tiene ninguna información de los nombres de los demás que acusa el MP, sólo tiene acceso a los tres nombres que se presentaron, por lo que no puede asegurar el número exacto de personas que tienen requerimiento fiscal de parte de la Ufecic.
Según la información que maneja el Ministerio Público, los proyectos consistían en pavimentación de calles, ampliación y remodelación de parques, rehabilitación de edificios públicos y la construcción de aulas en escuelas e institutos de educación primaria y secundaria.
La mayoría de estos proyectos estaban dirigidos a beneficiar a las poblaciones de los municipios de San Luis, Átima, Petoa, Las Vegas, Colinas, Ceguaca, Trinidad, Zacapa, San Francisco de Ojuera, Arada, Quimistán y la cabecera del departamento de Santa Bárbara.
Además, la Ufecic comprobó que una serie de irregularidades en la ejecución de las obras, como por ejemplo que muchas de ellas no fueron concluidas, otras presentan daños estructurales y no están siendo usadas y otras simplemente no se construyeron, es decir, que solo se firmaron los contratos, pero las obras no mostraron ningún avance y se encuentran en el abandono.
Como parte de las indagaciones se pudo establecer que Insep, a través de las direcciones de Obras Públicas y de Carreteras, tampoco exigió a las empresas constructoras las garantías de cumplimiento para que las obras se terminaran bajo las condiciones establecidas en los acuerdos.
La UFECIC presentó un requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios, supuestamente ligados a los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos como “Los Cachiros”.
En la sede judicial fueron vistos fiscales y agentes, que portaban más de 13 cajas conteniendo en su interior extensa documentación de los diferentes casos que se dieron en esa época.
La UFECIC presentó abundante documentación de supuestas irregularidades en informes ante los Juzgados Anticorrupción, de la capital.
Se solicitó al juzgado mantener la información de las personas implicadas de forma reservada, para prevenir cualquier tipo de fugas de información de los procesados, ya que aún no se ejecutan las demás órdenes de captura correspondientes.
La documentación secuestrada, tanto en la estatal eléctrica y de Insep (antes Soptravi), Instituto de la Propiedad, entre otros, así como declaraciones de testigos, entre otra información, que sirve de soporte, fueron seleccionadas y guardadas en al menos 13 cajas, que fueron cargadas hasta el cuarto piso de los juzgados de anticorrupción, por representantes de la UFECIC, liderados por Juan Carlos Griffin, quien es el segundo al mando en la unidad.
Antes de las 4:00 de la tarde de ayer, personeros de la UFECIC-MACCIH, luego de hacer las correcciones, llevaron hasta los Tribunales en Materia de Corrupción, los expedientes de este caso de corrupción con la respectiva corrección, por el cual, se estarían emitiendo las respectivas órdenes de captura.
Trascendió que los requerimientos fiscales pueden tratarse de irregularidades en el tema de otorgamiento de contratos u lavado de activos con vinculaciones con el grupo de narcotráfico “Los Cachiros”. La Tribuna.
