Aún no están claros los delitos que le atribuye la fiscalía al fundador de Wikileaks, que en 2010 participó en una filtración masiva de documentos clasificados estadounidenses
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene preparada una acusación judicial contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks, una organización que publicó miles de documentos secretos estadounidenses, divulgó herramientas cibernéticas de la CIA y tuvo un papel central en la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La acusación era secreta, pero se reveló por error recientemente sin detallarse los delitos que se imputarían al pirata informático australiano, que desde 2012 vive refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.
Desde hace años se especula con que la Fiscalía estadounidense podría tratar de impulsar un proceso judicial contra Assange, de 47 años, por cargos que podrían estar relacionados con delitos de conspiración, robo de propiedad gubernamental y violación de la Ley de Espionaje. El activista se instaló en la sede diplomática ecuatoriana cuando estaba acusado en Suecia de una agresión sexual. Aunque ese caso se archivó, Assange ha insistido en que teme abandonar la Embajada de Ecuador por si la policía británica trata de arrestarlo, siguiendo una hipotética petición de EE UU para lograr su extradición y juzgarlo. En ese escenario, probablemente Assange intentaría evitar en la justicia británica su traslado a EE UU.
Los cargos contra Assange se conocieron en un caso no relacionado con él y que se tramita en un juzgado federal de Alexandria (Virginia), a las afueras de Washington. El documento es público en archivos judiciales y fue confirmado el jueves también por Wikileaks.
Una acusación contra el hacker abriría un debate sobre las consecuencias legales de la difusión de secretos gubernamentales. Y también podría condicionar la investigación del fiscal especial Robert Mueller a la intromisión rusa en los comicios de 2016, que tenía como objetivo ayudar a Donald Trump a ser presidente. En los meses previos a las elecciones, Wikileaks publicó decenas de correos electrónicos del Partido Demócrata y de la campaña de Hillary Clinton. Los servicios de inteligencia estadounidenses y Mueller han acusado a una agencia militar rusa de robar los documentos. Moscú lo niega.
El documento judicial revelado públicamente por error, con fecha del pasado 22 de agosto, concierne a un caso relacionado con delitos de seguridad nacional y tráfico sexual de un hombre de 29 años, cuyo proceso no tiene ninguna vinculación aparente con Assange. En un escrito al juez, el fiscal federal adjunto Kellen S. Dwyer menciona al fundador de Wikileaks en dos párrafos distintos. Insta a mantener bajo secreto el caso de Assange “debido a la complejidad del acusado y la publicidad que le rodea”. También señala que “es probable que ningún otro procedimiento mantenga confidencial el hecho de que Assange ha sido imputado” y que las acusaciones deberían “permanecer secretas hasta que Assange sea arrestado” y “por tanto ya no pueda evadir o evitar un arresto y extradición”.
Se desconoce cómo pudo cometerse una equivocación de tal magnitud, sobre todo teniendo en cuenta las enormes implicaciones que tendría una detención. En su cuenta de Twitter, Wikileaks lo califica de un “aparente error de copiar y pegar” por parte del fiscal. “El registro ante el juzgado fue efectuado por error. No era el nombre intencionado de ese escrito”, admitió Joshua Stueve, portavoz del fiscal del Distrito Este de Virginia.
“La única cosa más irresponsable que imputar a alguien por publicar información veraz sería poner en un escrito público información que claramente no estaba destinada al público y sin avisar a Assange”, dijo al diario The Washington Postuno de los abogados del activista, Barry J. Pollack. “Obviamente, no tengo ni idea de si realmente le han acusado o de qué, pero la idea de que se puedan imputar delitos federales por publicar información veraz es un precedente peligroso”.
Los fiscales de Alexandria llevan años investigando a Assange, según el Post. Tras la publicación en 2010 de miles de cables secretos del Departamento de Estado, la Administración de Barack Obama concluyó que una imputación equivaldría a perseguir a una organización similar a un medio de comunicación. Un mes antes de las elecciones, Trump proclamó “Amo a Wikileaks” por revelar información comprometedora sobre Clinton. Sin embargo, su Administración se ha mostrado muy agresiva contra las filtraciones y el secretario de Estado, Mike Pompeo, llamó el año pasado, cuando era director de la CIA, a Wikileaks un “servicio de inteligencia hostil frecuentemente alentado por actores estatales como Rusia”.
Según The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia cada vez se muestra “más optimista” de que el fundador de Wikileaks pueda acabar delante de un tribunal estadounidense dado el “deterioro de la relación entre Assange y el Gobierno ecuatoriano”. El actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha descrito a Assange como “una piedra en el zapato” y ha calificado su presencia en la Embajada como “insostenible”. La Justicia ecuatoriana desestimó en octubre la última alternativa a la que recurrió el hacker australiano para no someterse en la Embajada a un estricto régimen de visitas, comunicaciones y aseo. El País. España/Joan Faus. Washington
