Tegucigalpa – En su lucha contra la corrupción y la impunidad, Estados Unidos parece estar dispuesto a sacudir las elites políticas y empresariales del Triángulo Norte de América Central que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, al trascender una lista de personajes que podrían ser incluidos en la Ley Magnitsky aplicadas a ciudadanos vinculados en hechos corruptos y de violaciones a los derechos humanos.
En paralelo, avanza la propuesta para que el Departamento de Defensa de Estados Unidos empiece a elaborar una lista de funcionarios centroamericanos corruptos que debe ser presentada a los congresistas y senadores de ese país del norte como parte de los próximos pasos que en materia de lucha anticorrupción dará la administración del presidente Donald Trump en el marco del financiamiento que otorga a estos países de la subregión.
Piden a Trump aplicar “muerte financiera” a diputado hondureño y a cinco centroamericanos.
La señal de que Washington piensa sacudir a las elites políticas centroamericanas, en especial del Triángulo Norte, donde sus intereses anti maras o pandillas, antiinmigrantes y antidroga tienen un mayor acento, se evidencia cuando un grupo de congresistas republicanos y demócratas envió una nota a Trump para pedirle incluir en la Ley Magnitsky a seis ciudadanos centroamericanos por corrupción, entre ellos un diputado hondureño.
La “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos”, es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen. La misma lleva el nombre de un fiscal ruso conocido como Sergei Magnitsky, quien falleció en Moscú en una prisión en 2009 tras investigar un presunto fraude fiscal perpetrado por el gobierno ruso.
Ley Magnitsky podría significar “muerte bancaria y financiera” para los sancionados.
¿Qué busca la Ley?
En principio la ley solo aplicaba a ciudadanos rusos, pero luego fue ampliada a nivel global y en ella el presidente Trump la puede aplicar si se configuran los siguientes criterios:
Primero, que sea responsable de asesinatos extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de derechos humanos cometidos contra personas en cualquier país extranjero que hayan: a) Expuesto actividades ilegales llevadas a cabo por funcionarios del Gobierno) Obtenido, ejercido, defendido, promovido los derechos humanos y las libertades internacionalmente reconocidas, tales como las libertades de religión, expresión, asociación y reunión, y los derechos a un juicio justo y elecciones democráticas.
Segundo, que haya actuado como un agente o en nombre de una persona extranjera en un asunto relacionado con los actos descritos en el párrafo anterior; tercero cuando es un funcionario del Gobierno, o un asociado principal de dicho funcionario, que es responsable de, o es cómplice de ordenar, controlar o de otra manera dirigir actos de corrupción significativa, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, el soborno o la facilitación o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras.
Finalmente, la Ley Magnitsky se aplica cuando el señalado ha asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios en apoyo de una actividad que se considera ilícita.
De izquierda a derecha: José Aquiles Enrique Rais, José Luís Merino, Gustavo Alejos Cambara, Luis Alberto Mendizábal Barrutia, y Remigio Ángel González.
El ahogue financiero
Bajo esas premisas, cuando la administración del presidente Trump incluye en esa lista a personas, éstas entran en una especie de “muerte financiera” pues les congelarían sus cuentas no solo en Estados Unidos, sino que en la banca local quien se vería obligada a cancelarles sus cuentas bancarias y regresarles el dinero en efectivo, además de que quedarían imposibilitados para realizar acciones comerciales o negocios con vínculos con bancos estadounidenses.
Los ciudadanos centroamericanos a quienes se pide incluir en la lista Magnitsky son los salvadoreños José Aquiles Enrique Rais, José Luís Merino, los guatemaltecos Gustavo Alejos Cambara, Luis Alberto Mendizábal Barrutia, el mexicano con acciones guatemaltecas Remigio Ángel González y el hondureño, Oscar Nájera, último que es diputado al Congreso Nacional.
En el caso de El Salvador los imputados han sido salpicados en escándalos de corrupción que investiga el Ministerio Público de ese país, algunos de ellos ligados a acciones de testaferrato del expresidente Mauricio Funes, mientras otros son investigados por ligues en hechos ilícitos de narcotráfico con nexos centroamericanos.
En Guatemala, los sindicados por los congresistas estadounidenses también están vinculados a hechos de corrupción investigados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala (CICIG). Entre los sindicados guatemaltecos se encuentra un prominente empresario ligado a las comunicaciones y medios de comunicación en Centroamérica y América Latina.
Nicaragua con más suspensiones
Diputado Óscar Nájera
En Honduras, el único que ha sido puesto en esa lista es el congresista Óscar Nájera, por sus presuntos ligues con el desmantelado cartel de Los Cachiros, un hecho que él ha negado ampliamente. En sus primeras declaraciones, el diputado Nájera, del Partido Nacional por el departamento de Colón, ha dicho que esa acusación le parece un “mal chiste”, que no tiene cuentas en Estados Unidos, que ha sido amigo de la familia Rivera Maradiaga, conocida como Los Cachiros, pero que éstos nunca le propusieron ningún negocio ilícito, nunca le dijeron que les comprara una vaca, un dólar o nada por el estilo.
Nájera atribuye su mención a “chismes” de terceros que le “mal informaron”, pero dice estar anuente a someterse a cualquier acción que le pida la justicia estadounidense en caso de concretarse cualquier acción.
En Centroamérica la Ley Magnitsky ha sido aplicada al diputado guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez, por implicársele en el asesinato de un periodista. También se le aplicó al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, último a quien la banca nicaragüense y costarricense le cancelaron sus cuentas bancarias y devolvieron el dinero, al tiempo que fueron conocidas sus riquezas en Europa.
Luego fue aplicada a otros personajes del entorno cercano del presidente Daniel Ortega de Nicaragua. Ellos son Francisco López, vicepresidente de Albanisa, Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional y Fidel Moreno, secretario general de la alcaldía de Managua.
El fantasma Magnitsky se ha empezado a instalar en la región centroamericana y todo apunta que, en el Triángulo Norte, esta oleada que están anunciando solo será la primera de muchas más que podrían venir y que de acuerdo a los analistas hondureños, seguirán estremeciendo las elites políticas ligadas a presuntos ilícitos. Especial de Proceso Digital
