Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción revocó las medidas cautelares sustitutivas a prisión para los exmiembros del Consejo de la Judicatura y con ello ordena la prisión preventiva.
Así lo informó la tarde de este viernes el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Carlos Silva.
Los exconcejales son Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euceda, Julio César Barahona Enríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Sierra y Celino Arístides Aguilera.
Igualmente la Corte de Apelaciones determinó quitar las medidas cautelares sustitutivas a la prisión impuestas por el Juzgado de Letras e imponer la medida cautelar de prisión preventiva contra los antes mencionados.
El portavoz Carlos Silva, explicó que “con esta determinación de la Corte de Apelaciones, el procedimiento indica que una vez que se haya notificado a las partes procesales esta resolución regresa nuevamente al Juzgado de Letras de lo Penal. Serán ellos los encargados de notificar a las partes procesales para que indique como será este procedimiento de prisión preventiva”.
Explicó que la defensa de los exconcejales habían interpuesto un recurso de Apelación después de la determinación del Juzgado de Letras, pero esta fue revocada en la Corte de Apelaciones.
En este caso, el Ministerio Público pide que se aplique la prisión preventiva para los exconcejales acusados por más de 600 delitos de corrupción.
Los exmiembros del Consejo de la Judicatura son investigados por múltiples irregularidades como el despilfarro de fondos, especialmente en solicitud y asignación de viáticos.
La investigación comprende el período del 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2014. Los imputados son: el expresidente del Consejo de la Judicatura y extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
Al expresidente de la CSJ se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 delitos de malversación de caudales públicos.
El exvicepresidente del extinto Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, es acusado por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad, aunque guarda prisión por otro caso de tráfico de influencias en el escándalo conocido como “Shalom”.
En relación a los exconcejales propietarios, Julio Barahona se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos. A su vez, a José Francisco Quiroz se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Por su lado, los miembros suplentes de la entidad, Liliam Maldonado se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
Redacción Proceso Digital
