Mi Opinión.
La reelección del Fiscal General de la República Oscar Chinchilla, fue todo un montaje encaminado hacia su reelección en el cargo que ostentaba. Muy pocos abogados se atrevieron a desafiarlo y exponerse al escarnio público ya que muy pocos entendían el papel que estaba jugando el Partido Nacional en el poder en todo este proceso de selección del Fiscal General y Adjunto.
Se hizo mucha publicidad en torno al apoyo que supuestamente recibía el abogado Oscar Chinchilla al frente del Ministerio Público tanto de la Embajada Americana, la Maccih y algunas organizaciones de la sociedad civil.
La fama del abogado Chinchilla que se ha granjeado en torno al combate a la corrupción y el narcotráfico, se consideraba una razón suficiente para burlar a toda una junta de selección del Fiscal General que al final terminó nulificada al utilizarse un nuevo artilugio legal que permitiría a los diputados nacionalistas, liberales y de la Democracia Cristiana, la reelección del abogado Chinchilla y a su vez, seleccionar entre la nómina presentada por la Junta Proponente, al Fiscal Adjunto que a decir verdad, ha jugado tradicionalmente un papel poco relevante al frente del Ministerio Público.
Aunque ha persistido una fuerte campaña para exaltar la figura del Fiscal General, en el fondo, subsisten dudas sobre las causas que motivaron su reelección y especialmente llama la atención, el apoyo que ha recibido de la bancada del Partido Nacional en el poder y el Partido Liberal en la oposición instituciones políticas tradicionales, en las que están involucrados diputados en una red de corrupción así como personajes afines a la empresa privada por lo que crecen las dudas sobre la eficacia e independencia del Fiscal General al momento de dilucidar el denominado Caso Pandora y los que están pendientes en el Ministerio Público de presentar ante los tribunales de justicia del país.
La Maccih y el CNA si bien es cierto han tenido un papel beligerante en estos casos, la realidad es que sus estructuras son débiles por lo que todo permanece en una nebulosa a la espera, que con la intervención directa de la Embajada de los EEUU y el apoyo de la OEA se ventilen estos casos en los tribunales de justicia del país .
La OEA por su parte a través de la Maccih, juega un papel protagónico en todo este alboroto del combate de la corrupción y la impunidad, esperando que su parto, sirva de referente en los demás países del Istmo.
Denia León
Publicada por The Washington Post/ Jeff Ernest y Elizabeth Malkin
Desde que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) anunció una investigación abarcadora en contra de los legisladores del país, el año pasado, ha recibido diversos ataques de los funcionarios a los que se supone que debe investigar.
Los legisladores hondureños dieron carpetazo a esa investigación inicial y la Maccih sobrevivió, a duras penas, a una recusación del tribunal.
Ahora, otra investigación a gran escala demuestra aquello por lo que los legisladores estaban tan preocupados. La investigación, anunciada el 13 de junio y conocida como el caso Pandora, presenta acusaciones contra 38 políticos y funcionarios.
La investigación describe un plan para desviar fondos gubernamentales para el gobernante Partido Nacional durante la campaña electoral de 2013. Entre los funcionarios mencionados en la investigación se encuentran exministros de gobierno, miembros de alto rango del partido del presidente Juan Orlando Hernández y al cuñado de este. De acuerdo con la investigación, incluso el opositor Partido Liberal recibió fondos desviados.
No solo es el resultado de esta investigación lo que está en juego, sino también la supervivencia del órgano visto como el freno más poderoso a la mala conducta de los funcionarios públicos en Honduras, donde la corrupción está profundamente arraigada.
Guatemala es el único otro país con una herramienta anticorrupción equiparable, la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), que ha resultado ser un experimento internacional único. La Cicig, un grupo investigador de fiscales internacionales respaldados por las Naciones Unidas, ha acusado a cuatro expresidentes desde que se estableció hace más de una década. Durante semanas en 2015, los hondureños realizaron “marchas de las antorchas” para exigir que se estableciera una versión de esta comisión en su país.
MELISSA ELVIR CHÁVEZ, ABOGADA
Cuando la Cicig acusó al expresidente Otto Pérez Molina de orquestar un desfalco aduanero en 2015, eso forzó su renuncia y fue puesto en prisión, donde sigue; esa es una de las razones por las que los legisladores hondureños les preocupa que haya una investigación similar en su propio territorio.
Al anunciar los detalles de una nueva investigación, los fiscales de la Maccih han presentado un desafío al gobierno y a sus aliados en el Congreso: si hacen a un lado este caso, como ocurrió con la investigación anterior, los hondureños probablemente alcancen su punto de quiebre.
“Es muy claro que la gente está harta”, dijo la abogada Melissa Elvir Chávez, de la Fundación Democracia sin Fronteras. “Me parece que si no se permite que el caso avance en el tribunal anticorrupción, como es debido, se correría un riesgo político muy grande”.
En el primer caso de la Maccih, presentado en diciembre, los fiscales acusaron a cinco exlegisladores de desviar recursos de un fondo de desarrollo especial al que pueden acceder los diputados para sus distritos. En un plazo de semanas, el Congreso votó poner un alto a cualquier investigación penal de ese fondo que se remonte a 2006, y un juez desestimó el caso.
Se espera que la Corte Suprema de Justicia hondureña resuelva una apelación de ese intento del Congreso de protegerse de procesamientos.
El jefe de la Maccih en aquel momento, el ex primer ministro peruano Juan Jiménez Mayor, renunció al argumentar que la Organización de Estados Americanos (OEA), que creó la misión, no lo había respaldado en sus diferencias con el gobierno.
En mayo se dio un nuevo giro. Un párrafo en un fallo confuso de la Corte Suprema pareció restringir la capacidad de la Maccih para colaborar con la nueva unidad anticorrupción de fiscal general.
La activista anticorrupción Gabriela Castellanos dijo que la decisión de la Corte era “maliciosa”. Mencionó que las instituciones hondureñas eran demasiado débiles y necesitaban el apoyo de la Maccih para investigar a los intermediarios del poder del país. Castellanos dirige el Consejo Nacional Anticorrupción, un grupo independiente que investiga casos de corrupción y los denuncia ante los fiscales.
El nuevo caso de la misión, Pandora, indica que cerca de 12 millones de dólares asignados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería para programas agrícolas se canalizaron a través de dos fundaciones para financiar las campañas electorales. Parte del dinero fue a tarjetas de descuento en tiendas minoristas que distribuyó el Partido Nacional de Hernández.
Hernández ha dicho que su gobierno colaborará con la Maccih. “Es fundamental que se haga justicia”, dijo. “Nadie está por encima de la ley, pero de igual manera el principio del Estado de derecho, el principio de inocencia, es lo que todos debemos buscar” .
El fiscal general, Óscar Chinchilla, quien fue reelegido y asumirá el cargo el 1 de septiembre, tendrá la tarea de garantizar que el caso avance. Aunque ha sido elogiado por muchos, incluida la Embajada de Estados Unidos, los críticos cuestionan su fuertes vínculos al partido gobernante y la falta de resultados importantes.
Aunque la primera investigación del año pasado sobre el desfalco de los recursos para el desarrollo solo mencionó a cinco exlegisladores, Jiménez, el exdirector de la Maccih que renunció, dijo que podrían estar involucrados hasta sesenta congresistas y exlegisladores, incluyendo al poderoso presidente del Congreso hondureño, Mauricio Oliva.
Una revisión de los fondos de desarrollo social hecho para el primer caso demuestra cómo los fondos públicos se distribuyeron de manera desordenada y por qué los congresistas pudieron haber tenido tanta prisa por cerrar dicha investigación.
A partir de 2006, los legisladores han reservado 20 millones de dólares anuales para proyectos en sus distritos. La mitad de ese dinero se ha gastado a discreción del presidente del Congreso, que entre 2010 y 2014 fue Hernández, según un análisis del programa realizado por Democracia sin Fronteras. El Congreso no dio detalles de los gastos que Hernández autorizó durante esos años.
El dinero se destinó a organizaciones sin fines de lucro, algunas vinculadas con los legisladores mismos. Los investigadores del Consejo Nacional Anticorrupción afirman que, en muchos casos, los proyectos solo se completaron parcialmente o no se realizaron en absoluto, mientras que algunas de las organizaciones sin fines de lucro presentaron fotografías del proyecto completado como prueba de que habían terminado su obra.
En 2015, en el plazo de dos días, cinco congresistas le escribieron directamente a Hernández, ya para entonces presidente del país, para solicitar donaciones. Dos días después, la oficina del mandatario ordenó el envío de los fondos, todo para la misma organización sin fines de lucro, según mostraron los documentos.
Recientemente, esa organización fue denunciada por fraude por el Consejo Nacional Anticorrupción.
Un ejemplo de los lazos entre los legisladores y las organizaciones sin fines de lucro es el de Renan Inestroza, un diputado del Partido Nacional vinculado con una red de dichas organizaciones que ha recibido por lo menos 3,8 millones de dólares de las arcas públicas.
Hernández también canalizó buena parte del programa social insignia de su presidencia, Vida Mejor, a estas asociaciones, incluida una para la que su hermana, Hilda Hernández, formaba parte del consejo ejecutivo. Hilda Hernández murió en un accidente de helicóptero en diciembre.
En 2013, un año electoral, la organización relacionada a la hermana del presidente recibió al menos 3,3 millones de dólares del fondo de desarrollo social administrado por Hernández. Durante los siguientes cuatro años, obtuvo contratos por un valor de 71 millones de dólares por parte de Vida Mejor; fue la organización que recibió la mayor cantidad.
Edmundo Orellana, exfiscal general, dijo que sería difícil para los tribunales y el Congreso sabotear el caso Pandora y otorgarles impunidad a los legisladores, pero que sin duda lo intentarían.
“Me parece que los tribunales harán todo lo posible por evitar un juicio”, dijo.
Muchos hondureños, impacientes y molestos, observan lo sucedido con recelo.
“Queremos que los corruptos vayan a la cárcel”, manifestó Estefany Pineda, estudiante de 28 años. “Queremos justicia, porque en este país no se conoce esa palabra”.
