UFECIC pide congelamiento de activos financieros a implicados del caso “Pandora”

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Tegucigalpa – En un extenso requerimiento fiscal, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), destapó “la Caja de Pandora” donde se encontraban encerrados los despilfarros que se dieron supuestamente 38 encausados.

Fueron más de 26 relaciones de hechos que contiene el documento donde se describe con balances financieros cada una de los movimientos financieros hacia donde se destinó los fondos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Entre los mencionados en el requerimiento fiscal, que es el que ocupa el lugar número cuatro de los presentados por la UFECIC se señalan a actuales diputados, funcionarios y exfuncionarios acusados de los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos, falsedad ideológica, prevaricato, entre otros.

Del mismo modo, la unidad fiscal puso a detalle en cada uno de los apartados de la breve relación de los hechos donde describe como se destinaron supuestamente los fondos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que fueron saqueados por las dos fundaciones.

La juez natural Lidia Álvarez tiene en sus manos abrir más la “caja de pandora” al librar o no el requerimiento fiscal donde solicitan orden de captura, congelamiento de bienes.

En la vigésima sexta relación: “En conclusión, los fondos de los convenios celebrados entre la SAG y las fundaciones todos somos Honduras, no fueron utilizados para la ejecución de los proyectos establecidos, los cuales junto con los fondos girados a dichas fundaciones por gestiones del Congreso Nacional, fueron desviados para pagos a personas naturales, personas jurídicas, a partidos políticos, sea en forma directa o indirecta y familiares y allegados a Fernando José Suárez Ramírez, como quedado en evidencia en cada uno de los apartados del presente requerimiento”.

BLANQUEÓ DINERO PARA SUS EMPRESAS

En cuanto a los preceptos jurídicos aplicables al delito en el requerimiento fiscal se describe la conducta de los imputados, en el caso del señor Jacobo José Regalado Weizenblut “como se puede inferir de las investigaciones, existen suficientes indicios para suponer que Jacobo José Regalado Weitzenblut se asoció con Fernando José Suárez Ramírez, Jaime Antonio Suárez y Norma Keffy Montes Chandías, en repetidas ocasiones y en un lapso entre el 2010 y el 2013 actuando de manera concertada sistemática y estructurada con el propósito de lesionar en múltiples oportunidades bienes jurídicos de la administración pública, la fe pública y el orden económico del Estado, entre otros.

Asimismo, continúa en el escrito, que Regalado cometió los siguientes delitos abuso de autoridad a título de autor, delito enmarcado en el artículo 349 numeral dos que establece: será castigado con reclusión de tres a seis años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: (…)”.

“Jacobo Regalado fue la persona que en su condición de secretario de Estado en el Despacho de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), celebró los convenios ya mencionados con los representantes de la Fundación Dibattista y de la Fundación Todos Somos Honduras, sin que existiera justificación o un interés legítimo por parte de la institución”.

También lo supone responsable de “Fraude a título de autor, delito que se enmarca en el artículo 376 del Código Penal Vigente, para el cual se establece una pena de tres (3) a nueve (9) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, como quiera que, Jacobo Regalado Weizemblut en su calidad de servidor público, se puso de acuerdo con Fernando José Juárez Ramírez y Jaime Antonio Suárez representantes legales y directivos de la fundación Dibattista y la Fundación Todos Somos Honduras con el fin de favorecer los ilícitamente en el otorgamiento de millonarios convenios; y así perjudicar al Fisco, para lo cual firmó de manera fraudulenta entre los años 2011 y 2013.

“Los siguiente convenios que son ocho en total :Convenio Apoyo en los Procesos de Formación Laboral y Educativa de Jóvenes Rurales de Francisco Morazán”, (15 millones de lempiras con la fundación Dibattista), “Convenio de apoyo, para la implementación de un programa de capacitación de proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes” (15 millones de lempiras con Todos somos Honduras), convenio “Desarrollo para programas de emprendedurismo agrícola para fortalecer las políticas agroalimentarias, en los departamentos de Olancho, Intibucá y Colón” (40 millones de lempiras con Todos Somos Honduras), emprendedurismo agrícola, Convenio de asistencia técnica para el mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en los municipios de Yoro, Yorito, Victoria y Sulaco departamento de Yoro, honduras”, (por 9 millones de lempiras con Todos Somos Honduras), convenio desarrollando la competitividad agrícola (68 millones 381 mil 175 lempiras con Dibattista), Escuela Campo para Agricultores (unos 27 millones 361 mil lempiras y otro 16 millones 274 mil lempiras con Todos Somos Honduras), Microriego por Goteo (50 millones de lempiras con Todos Somos Honduras), lo anterior en perjuicio de la administración pública en sus esferas de protección del interés patrimonial del Estado y de la legalidad del régimen contractual”.

Otro de los ilícitos por el cual está siendo acusado es por malversación de caudales públicos a título de autor delito enmarcado en el artículo 370 del Código Penal que establece de seis a 12 años de inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, por haberse apropiado de dinero que estuvo bajo su administración que fue transferido fraudulentamente a la fundación Todos Somos Honduras, de donde posteriormente se le emitieron cheques que fueron utilizados para comprar bienes para su propio beneficio siendo estos: 1) un cheque de caja por L.368, 549.01 del 11 de julio de 2013 a nombre de DURECO HONDURAS depositado en la cuenta número 1100170248 el cual se utilizó para cancelar una factura número 9216001804 del 30 de julio de 2013 a nombre de Jacobo Regalado por L.375,740.47 correspondiente a la compra de un sistema de riego para el cultivo de peces instalado en el inmueble de su propiedad en el municipio de Omoa, Cortés, 2) cheque número 2562412 por L.51,000.00 a nombre de Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), para cancelar la factura número 44262 correspondiente a la compra de 300 plantas de rambután y 400 plantas de pimienta gorda, venta realizada el 24 de julio de 2013 a Jacobo Regalado; lo anterior en perjuicio de la administración pública en su esfera del interés patrimonial del Estado.

El delito de lavado de activos a título de autor es otra de los señalamientos de la UFECIC contra el exsecretario de la SAG que de acuerdo a la ley contra el lavado de activos en su Artículo 3 la pena es de 15 a 20 años de prisión por haber adquirido dinero de la fundación Todos Somos Honduras producto de actividades delictivas de defraudación de fondos públicos, como quiera, Fernando José Suárez giró un cheque número 2565774 según egreso por L.267,669.31 de su cuenta personal número 214091108341 a favor de la empresa DURECO depositado a su cuenta personal número 1100170248 para la compra de sistema de riego facturado a nombre de Jacobo Regalado.

Regalado de acuerdo a lo que se lee en el escrito legal que está a la espera de ser librado por la Juez Natural contiene los nexos que tuvo con el apoderado legal Fernando José Suárez de la fundación Todos Somos Honduras y de la Fundación Dibattista, organizaciones que fueron supuestamente utilizadas para lavar activos.

Para la boda de Suárez, la esposa así como regalado fueron los padrinos de boda, por lo que el antes mencionado según las conclusiones de los fiscales de la UFECIC es que este realizó acciones fraudulentas y se asoció con Jacobo Regalado, Jaime Antonio Suárez y Norma Keffy Montes Chandías en repetidas ocasiones en un lapso de tiempo entre 2010 y 2013, actuando de manera concertada, sistemática y estructurada con el propósito de lesionar en múltiples oportunidades bienes jurídicos, además participó cometiendo supuestamente el ilícito de fraude a título de autor, malversación de caudales públicos a título de autor por lo que en el uso de sus facultades por figurar como presidente de las fundaciones antes mencionadas y quien es el que tenía firma autorizada manejó fondos públicos los cuales fueron apropiados en cuantía aproximada de L.55,000,000.00 millones de lempiras para su propio beneficio, además del delito de uso de documentos públicos falsos a título de autor por hacer inscripciones en la URSAC, prevaricato a título de autor y lavado de activos a título de autor.

La Tribuna

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