Nueva York. – Ante el creciente coro de condena por la separación de niños migrantes de sus padres, el gobierno de Donald Trump no solo continúa defendiendo esa práctica sino que este lunes promovió medidas que pondrán en peligro a decenas de miles de inmigrantes que buscan asilo en este país.
El procurador general Jeff Sessions emitió órdenes para que la gran mayoría de víctimas de abuso doméstico y violencia de bandas delictivas ya no califiquen para el asilo en Estados Unidos. “Generalmente, peticiones de extranjeros en torno a violencia doméstica o violencia de bandas perpetrada por actores no gubernamentales no calificarán para el asilo”, escribió en la orden girada a los tribunales de inmigración -los cuales funcionan bajo el Departamento de Justicia y no de la rama judicial del gobierno, y por lo tanto, bajo órdenes del procurador general.
En un discurso el mismo día, Sessions argumentó que “el asilo nunca ha tenido la intención de aliviar todos los problemas… que la gente enfrenta todos los días alrededor del mundo”.
Estas medidas serán apeladas ante los tribunales de circuito, que operan de manera independiente como parte de la rama judicial, pero la orden representa un paso más en la implementación de la política antimigrante del gobierno de Trump. Más allá de la recién anunciada medida de “cero tolerancia” que criminaliza a todo inmigrante que sea capturado cruzando la frontera de manera “ilegal” e incluso a los que solicitan asilo, la orden de hoy, afirman críticos, anulará las posibilidades de asilo para cientos de miles que huyen de la violencia en sus países, sobre todo en Centroamérica.
Una amplia gama de organizaciones de defensa de inmigrantes y de derechos civiles condenaron la nueva orden como violatoria de las leyes nacionales e internacionales sobre asilo para refugiados, algunos acusando que implicará una condena de muerte para muchos.
La Alta Comision sobre Refugiados de Naciones Unidas, y la asociación nacional de abogados (ABA) de Estados Unidos expresaron su oposición a la decisión, advirtiendo que no sólo viola acuerdos internacionales sino que pondría aún más en peligro a aquellos más necesitados de protección”.
Al mismo tiempo, continúa de manera diaria la separación de niños de sus padres. Las cifras más recientes (nadie tiene un conteo preciso) son que aproximadamente 2 mil 400 familias han sido separadas.
Políticos electos, defensores de derechos humanos y líderes religioso continúan denunciando la política como un abuso de derechos humanos y “contraria a los valores estadunidenses”.
La representante federal Pramila Jayapal visitó una prision federal donde estaban internadas algunas madres que le contaron que cuando las separaron de sus hijos, agentes de la Patrulla Fronteriza les dieron que “sus familias ya no existirían más” y que ahora “nunca verían de nuevo a sus hijos”.
La Jornada
