Tras una visita de diez días a Honduras, el relator señaló en un comunicado que Honduras “es un lugar peligroso” para aquellos que defienden los derechos de los demás por “la impunidad” y “la colusión entre poderosos intereses”.
Aunque Forst reconoció que la reciente creación de un mecanismo estatal de protección para activistas, periodistas y juristas “es un excelente punto de partida”, subrayó que es necesario “fortalecerlo e integrarlo en un enfoque más amplio”.
Por otra parte, lamentó que se haya avanzado muy poco desde que su antecesora en el puesto visitó el país en 2012 y destacó que la situación es especialmente peligrosa para los defensores del medio ambiente y de los pueblos indígenas.
Forst también se mostró preocupado por aquellos que defienden los derechos sexuales y reproductivos, a una orientación sexual y la identidad de género, así como la libertad de prensa y los que se ocupan de cuestiones relacionadas con la educación.
“En repetidas ocasiones me reuní con comunidades que no confían en su Gobierno y que sienten que las autoridades del Estado prefieren a las empresas antes que los intereses del pueblo en general”, dijo.
En este sentido pidió al Gobierno hondureño que adopte medidas “para corregir los errores y hacer frente a los desafíos que se plantean” y le invitó a elaborar protocolos de investigación específicos para los delitos contra los defensores de los derechos humanos.
Asimismo, propuso la adopción de iniciativas para reconocer públicamente el papel positivo que desempeñan.
Durante su misión, Forst visitó Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza y Santa Bárbara, entre otras localidades, y se reunió con cerca de 400 defensores de derechos humanos, de los que el 40 % eran mujeres. EFE
