Un grupo de legisladores le pidió al gobierno del presidente Donald Trump que investigue la presunta responsabilidad del gobierno nicaragüense en las muertes de 40 personas durante las violentas protestas que han amenazado la estabilidad en el poder del presidente Daniel Ortega.
El senador de New Jersey Bob Menéndez, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones exteriores del Senado, encabeza a un grupo bipartidista de senadores que están presionando a la administración del presidente Trump para que trabaje con la Organización de Estados Americanos (OEA) con vistas a iniciar una investigación sobre las muertes de docenas de manifestantes, al tiempo que se considere castigar a funcionarios del régimen quienes, según dijeron, han censurado a los medios de prensa y tienen un sistema corrupto que ha llevado a los nicaragüenses a protestar, de acuerdo con una carta que pudo obtener McClatchy.
“Estos hechos son emblemáticos de la impunidad y el abuso arbitrario de poder que existe hoy día en Nicaragua”, dijeron, entre otras cosas, los legisladores en su carta. Los cinco demócratas y tres republicanos quieren también que el gobierno ayude en una investigación internacional sobre Roberto Rivas, presidente del Concejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, sancionado el año pasado por el Departamento del Tesoro de EEUU, y quien está bajo el escrutinio de los gobiernos de Costa Rica y España por presunto lavado de dinero.
La decisión de los senadores refleja la preocupación cada vez más grande de Washington sobre el gobierno de Ortega, mientras semanas de protestas y revueltas por la puesta en vigor de una polémica reforma de pensiones se han tornado más violentas. Ocho legisladores firmaron la carta, entre ellos los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, Benjamin Cardin, demócrata por Maryland, Ted Cruz, republicano por Texas, Patrick Leahy, demócrata por Vermont, Roger Wicker, republicano por Mississippi, Richard Durbin, demócrata por Illinois, y Tim Kaine, demócrata por Virginia.
El mes pasado, Rubio y Menéndez le pidieron a Luis Almagro, secretario general de la OEA, que trabaje junto a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos para investigar los últimos acontecimientos. La representante Ileana Ros-Lehtinen, republicana por la Florida, pidió más sanciones.
El vicepresidente Mike Pence se unió a los legisladores esta semana. “En Nicaragua, cientos de miles de personas han salido a las calles para mostrar su ira ante el envejecido líder socialista, y a demandar que regrese el orden democrático”, dijo Pence en una reunión especial de la OEA.
Los senadores acusan a Rivas de ser el responsable de supervisar las elecciones fraudulentas que buscan mantener en el poder a Ortega. Rivas “simboliza la ilegalidad y la corrupción del gobierno” contra la que los nicaragüenses están protestando, escribieron los senadores.
El mes pasado, el Departamento de Estado ordenó la partida de empleados norteamericanos y de sus familias de Nicaragua. En el 2017, el Departamento del Tesoro bloqueó el acceso de Rivas a instituciones financieras estadounidenses y congeló cualquier activo que el funcionario pudiese tener en EEUU.
El Nuevo Herald / POR FRANCO ORDOÑEZ
