Mi Opinión.
Diferentes medios de comunicación hacen eco de la noticia del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por otros 600 millones de lempiras donde figuran los mismos protagonistas, es decir los ex funcionarios del seguro social que guardan prisión en uno de los batallones de los militares pero muy poco se conoce sobre los empresarios que fueron los beneficiarios directos de estos dineros.
Tal parece que se quisiera concentrar la atención sobre el escándalo de los sobornados y no en los sobornadores, en el delito no en los perpetradores y en ese sentido hasta el CNA guarda silencio como si existiera un pacto de impunidad entre fiscales, los organismos de la sociedad civil, el gobierno y los empresarios.
Denia León
Publicado por La Tribuna. Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), notificó y entregó el miércoles al Ministerio Público (MP), un nuevo informe que concluyó con el hallazgo de indicios de responsabilidad penal por más irregularidades detectadas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata de desembolsos efectuados y registrados hasta el 31 de diciembre del 2013, donde el monto pagado por el IHSS a la Empresa Sistemas Abiertos S. A. de C. V., por el proyecto Modernización de la Gestión de Servicios de Salud del IHSS (MOFIHSS), ascendió a casi 600 millones de lempiras y cuyo valor no fue redimible para el Seguro Social, por graves inconsistencias en el proceso de compra y los incumplimientos al contrato.
El informe 004-2014-DASEF-IHSS-B se desprende de un Informe Especial (Penal) derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada al IHSS, en el período comprendido del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2013.
“Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que de ser compartida con esa Fiscalía provocará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los tribunales de justicia respectivos”, cita el TSC, en oficio dirigido al fiscal general de la República, Óscar Chinchilla.
El TSC remitió el informe al MP y recomendó al fiscal general: “se proceda a realizar las acciones correspondientes, según el caso presentado y derivado de abstenerse a cumplir lo dispuesto en las leyes, por los señores Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social; José Ramón Bertetty Osorio, exgerente administrativo y financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social; Alberto Antonio Barahona Rivera, ex subgerente de Sistematización Informática del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y José Alberto Zelaya Guevara, ex subgerente de Suministros, Materiales y Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), provocando que se efectuase una fuerte inversión de recursos económicos en la adquisición de un sistema informático que tuvo muchos incumplimientos legales en su adjudicación y que no cumplió con los objetivos de la contratación”.
RESULTADOS
La auditoría tuvo por objetivo comprobar que los servicios no personales contratados fueron realmente prestados a la entidad de forma legal y transparente, mediante la verificación de la contratación de uso y funcionamiento del Proyecto de Modernización de la Gestión de Servicios de Salud del IHSS, conocido como MOFIHSS. Asimismo, determinar si existió menoscabo o pérdida en contra de la administración pública.
El proyecto MOFIHSS, según el informe,fue adjudicado a la Empresa Sistemas Abiertos S. A. de C. V., y en su auditoría el TSC detalla el hallazgo de 27 irregularidades que concluyen en indicios de responsabilidad penal, al no encontrarse soportes documentales que justifiquen legalmente la inversión.
“Tomando como referencia los hallazgos y situaciones descritas en el presente informe se concluye que el sistema informativo del proyecto de Modernización Financiera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (MOFIHSS) no se cumplió con los objetivos de la contratación, no existe un tan solo módulo que esté implementado por completo, trayendo como consecuencia que el mismo no se encuentre implementado de manera eficiente, integral y completa”, concluye el TSC en su informe.
Según la información de desembolsos efectuados y registrados hasta el 31 de diciembre del 2013, el monto pagado por el IHSS a la Empresa Sistemas Abiertos S. A. de C. V., por el proyecto MOFIHSS fue por 599 millones 849 mil 654 lempiras con 23 centavos, valor no redimible para el IHSS, dadas las graves inconsistencias de las que fue sujeto el proceso de compra y los incumplimientos al contrato.
AFECTACIÓN
Entre las irregularidades citadas en el informe se destaca la inexistencia de evidencia de un programa previo que acreditara el objeto del contrato, la necesidad a satisfacer, el fin público perseguido y la autorización para la contratación del proyecto MOFIHSS, por parte de la Junta Directiva del IHSS, y no se encontró Planes Anuales de Compras y Contrataciones, correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, durante los cuales se ejecutó el contrato.
Asimismo, el auditor durante su investigación no encontró evidencia de documento de hallazgos y recomendaciones, ni definición del documento de bases y condiciones en el expediente de pago; asimismo, se ejecutó en un único desembolso, incumpliendo lo establecido en el contrato.
Tampoco existe evidencia de estudios previos de la etapa de preinversión del proyecto, como estudios de prefactibilidad y factibilidad, la valoración económica del mismo en el mercado; diseño; análisis de riesgos; detalle de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles; el ciclo de vida del proyecto, con el objetivo de asegurar de forma eficiente la administración de los recursos, a corto, mediano y largo plazo.
“La administración del IHSS no consideró realizar un proceso de precalificación de oferentes, con el objetivo de determinar con eficiencia y exactitud, la mayor cantidad de personas, naturales o jurídicas, que reunieran los requisitos para participar en el concurso de adquisición del proyecto de Modernización Financiera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (MOFIHSS)”, cita el informe.
Además, no se obtuvo evidencia de dictámenes técnicos o legales por parte de la Junta Directiva del IHSS, previo a emitir la Resolución de Adjudicación para el contrato.
Nueva línea de supuesta corrupción destapó el TSC, en relación al IHSS y que implican a Mario Zelaya, Ramón Bertetty, Alberto Antonio Barahona Rivera y José Alberto Zelaya Guevara en otra millonaria operación.
CONTRATACIÓN
El proceso de contratación del proyecto MOFIHSS se efectuó como un “concurso público internacional”, sin embargo, en el objeto de la contratación prevaleció la adquisición de licencias de software Informático de reconocido uso comercial y la compra de hardware informático, y no la contratación para el diseño y desarrollo intelectual del sistema, por lo que la compra de dicho sistema debió efectuarse mediante la modalidad de licitación pública internacional, se reportó.
En el informe se concluye que no se determinó con veracidad la disponibilidad presupuestaria y los recursos suficientes en los períodos fiscales que se ejecutaría el contrato del proyecto, repercutiendo en un déficit presupuestario para cubrir con la obligación contraída, como resultado de las grandes deficiencias de los controles presupuestarios de la administración del IHSS.
No se obtuvo evidencia que el proyecto MOFIHSS generara estados financieros confiables, como también lo ejecutado a través del pago de planillas de personal y las retenciones realizadas a las mismas no es consistente con lo reflejado en los saldos y registros contables.
“El proyecto de Modernización Financiera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (MOFIHSS), no dispone y no brinda información de niveles de mayores auxiliares contables de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, funcionabilidades que se establecieron para ser implementadas según el contrato suscrito”, establece el informe.
Asimismo, el sistema informático del MOFIHSS no contiene todos los datos e información histórica del IHSS que permitieran el almacenamiento y la recuperación de la información anterior al mes de septiembre del 2012.
La solución informática implementada no cumple el objetivo para el cual fue adquirida y debido a la cantidad de módulos no terminados y parcialmente en funcionamiento, está generando un atraso en las labores llevadas a cabo en el IHSS, creando un descontrol en todos los procesos relacionados, así como también la información que se está utilizando, guardando y procesando no es íntegra ni actualizada.
El proyecto MOFIHSS, se contrató como una solución informática integral que cubriera un 100 por ciento tanto la parte clínica hospitalaria como el componente administrativo financiero, con el objetivo de automatizar por completo los procesos, pero no se cumplió con lo solicitado.
Del componente clínico hospitalario el 61 por ciento de lo solicitado no existe, de igual forma en el componente administrativo financiero el ocho por ciento de lo solicitado tampoco. Los porcentajes de implementación parcial tanto para el sistema clínico hospitalario y el administrativo financiero son 39% y 92% respectivamente, los cuales no están completamente terminados, según lo solicitado en los términos de referencia.
Igualmente, no se realizó la comparación de las ofertas en moneda nacional, adjudicándose en moneda extranjera el contrato del proyecto, entre otras anomalías encontradas en la auditoría.
Próximamente, el TSC notificará un informe con responsabilidad civil sobre estos mismos hechos y emitirá los pliegos de responsabilidad correspondientes a funcionarios y empleados de la entidad, a fin de reponer el perjuicio económico ocasionado al Estado.
En aras del debido proceso, como el derecho de defensa, quienes aparezcan señalados con responsabilidades podrán impugnar el informe civil dentro de un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha en que le sean notificados los pliegos de responsabilidad de forma individual.
El informe con indicio de responsabilidad penal, remitido al MP, fue subido a la página web del TSC, donde se podrá obtener mayor información.
PARTE DE UNAF
Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, detalló que lo referido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es parte de las líneas de investigación en poder delMinisterio Público, a través dela Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).
Asimismo, dijo que el informe trascendido se incorpora al expediente trabajado por la UNAF, por lo que las diligencias continuarán por parte de la Fiscalía y en este tipo de casos son investigaciones que conllevan un trabajo técnico,pericial y que para judicializarse el Ministerio Público requiere de solidez en las investigaciones y mientras no hayan concluido no se puede hablar de la emisión de requerimiento fiscal.
No obstante, Morazán explicó que para después de Semana Santa se conocerá un nuevo juicio oral y público en los Tribunales de Sentencia en contra de Juan Carlos Maradiaga Ortiz, Mario Roberto Zelaya Rojas, José Ramón Bertetty Osorio y Carlos Fuentes Guerra, por su implicación en el caso Constructora JC Maradiaga-IHSS, en el cual se llevará el debate del 4 al 14 de abril próximo. (XM
