Mi Opinión.
Es difícil entender en que leyes se ha basado el gobierno de Honduras para autorizar a la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) que dispusiera a su discreción de los bienes incautados a la familia Rosenthal.
Existe un temor generalizado que los Rosenthal entablen una demanda millonaria al Estado de Honduras y que sea el pueblo hondureño el que tenga que sufrir mayores cargas tributarias para resarcir a esta familia de los daños económicos que los últimos gobiernos nacionalistas hubieren inferido a su patrimonio familiar.
Todos esperan que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a través de la OABI, esclarezca en ese informe cuál fue el destino que se le dio a los bienes incautados a los Rosenthal y que garantías tiene el pueblo hondureño que aún cuando hubieren reclamos por parte de dicha familia, el Estado de Honduras no tendrá que pagar ninguna indemnización que afecte el patrimonio nacional y las precarias finanzas de un pueblo que se debate entre la pobreza y la miseria.
Denia León
Proceso Digital
Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional ordenó a la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), que brinde un informe de los bienes decomisados de la familia Rosenthal anunció el apoderado legal Marlon Duarte.
En una carta, la Sala de lo Constitucional le da un plazo de dos días hábiles a la OABI para que presente un informe del estado de los bienes asegurados y que remita la certificación.
“Las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia no se discuten y se acatan sobre todo si es la Sala Constitucional que le ordena que informe en un plazo establecido en 48 horas de cuál es la intención de pretender vender en pedazos los bienes”, aseveró.
El abogado de la familia Rosenthal señaló que desconoce la intención de la OABI a poner en subastas los bienes sobre todo las sociedades mercantiles como Empacadora Continental.
“No sabemos si es la destrucción sistemática del patrimonio de los Rosenthal o es una prenda a las denuncias que hemos venido presentando las infinidades de personas que se sientan agraviados por la mala administración de la OABI”, manifestó.
El 20 de febrero, Duarte junto a otros apoderados legales demandaron una auditoría profunda en la OABI por mal manejo de bienes incautados. Esta oficina ha estado en el ojo del huracán por presunta asignación irregular de bienes a altos funcionarios del Estado.
