En las próximas horas se estarían ejecutando los aseguramientos de bienes de varios de los encausados en el denominado caso “Pandora”, entre los cuales se anexan los del exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado.
La ATIC confirmó anoche, que entre los bienes que se encuentran en la lista de los aseguramientos y que pasarán a formar parte de los bienes incautados y bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), son la sociedad mercantil Las Casitas, S.A., en la colonia Payaquí, lote 19, el cual se encuentra registrado en el Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán.
El mismo está bajo matrícula 469711, a nombre de la sociedad denominada Las Casitas, S.A., en la cual hay una vivienda de dos niveles, pintada de color beige, con un portón de acceso vehicular y uno peatonal, ambos de metal color blanco, coordenadas 14.090566-87.181309 la misma fue cancelada y remodelada con dineros de las fundaciones.
Asimismo, una propiedad a nombre de Alba Luz Ramírez Hernández, ubicado en la residencial Villa Universitaria II etapa, bloque 1 lote 19, 20, 21 el cual se encuentra registrado en el Instituto de la Propiedad de Comayagua, bajo matrículas 652314, 652316, 652315 el cual se encuentra a nombre de José Rubio Suazo, pero ya fue pagado en su totalidad por la señora Alba Luz Ramírez, en la cual hay un solar baldío. Ubicado en las siguientes coordenada 14.427399 -87.624594°, cheques de las Fundaciones Todos Somos Honduras fue librado para abonos al pago de estos lotes.
Otro de los bienes que se encuentra es el bien inmueble que se encuentra registrado en el IP de FM. bajo matrícula 704590 a nombre de Valery Nicole Quiroz Palma, Mía Isabella Palma Sánchez, Alessandra Nicole Flamenco Palma, en la cual podemos observar una edificación, donde aparentemente funcionan apartamentos, construida de material de concreto, de tres pisos, pintada de color anaranjado y beige, con techo tipo terraza, con muros de concreto pintados de color café, consta con dos portones de acceso vehicular construido de material de metal pintados de color café y portón de acceso peatonal de material de concreto pintado de color café mismo ubicado en las siguientes coordenadas 14.050534°-87.245806.
El lote donde se encuentran construidos estos apartamentos que fueron pagados con dineros de las Fundaciones.
Asimismo, se realizará el aseguramiento por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), es el bien inmueble ubicado en el octavo nivel de Torre Metrópolis edificio I, bulevar Suyapa frente a Televicentro, locales identificados con la matrícula 750263-H0010 y 750263-H0011, según documentos proporcionados por inmobiliaria Alianza los locales los adquirió el señor Fernando Suárez; y fueron pagados con dineros de las Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
Del mismo modo, se estarían asegurando los bienes del exsecretario de la SAG, Jacobo Regalado quien se encuentra con auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios (3 a 6 años de prisión) y malversación de caudales públicos (6 a 12 años de prisión).
Los delitos anteriores ameritan que se pueda defender en libertad pero al parecer la juez tomó la decisión de aplicarle esa medida por peligro de fuga.
Con el fin de recuperar lo defraudado, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), estaría solicitando supuestamente el aseguramiento de más bienes propiedad de los encausados en el caso “Pandora” que actualmente se defienden en libertad.
CON ORDEN DE CAPTURA
Es de resaltar que los bienes que hasta el momento se tiene conocimiento pertenece uno de ellos está a nombre del abogado Fernando José Suárez Ramírez y otro de su madre Alba Luz Ramírez Hernández, ambos se encuentran con orden de captura vigente.
Estos son los implicados en el caso “Pandora” que se encuentran con orden de captura:
POR SANTOS LOZANO
Es de resaltar que la defensa de Elvin Santos Lozano (85), Raúl Suazo Barillas, precisó que hoy solicitaría nuevamente la presentación voluntaria con el fin de que se dé sin valor y efecto la orden de captura vigente en contra de su representado, quien se encuentra hospitalizado en los Estados Unidos por un cáncer terminal, pero a pesar de su delicado estado de salud, quiere presentarse ante los tribunales para demostrar su inocencia.
En el caso de su hijo Elvin Santos Ordóñez, quien desde el sábado se encuentra defendiéndose en libertad, porque la juez Lidia Álvarez le dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva por el delito de encubrimiento.
Al igual que a Santos Ordóñez, la juez natural les dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas distintas a la prisión contra Norma Kaffy Montes Chandías, por suponerla responsable del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios (3 a 6 años de reclusión) y fraude, (6 a 9 años de reclusión), Velkis Hernández, por el delito de falsificación de documentos públicos, Laura Aydee Arita Palma, por los delitos de falsificación de documentos públicos (3 a 9 años de prisión) y fraude. De igual manera, les dictó medidas distintas a la prisión por el delito de encubrimiento contra los señores José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Lenín Rigoberto Rodas, Félix Francisco Pacheco Reyes Elden Vásquez, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redin Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquin, Edgardo Galéas Martínez, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin
Erick Toruño, Eduardo Enrique Lanza Raudales, José Adolfo Sierra, Miguel Edgardo Martínez, José Luis Flamenco Mejía y Josué Francisco Velásquez Sánchez por suponerlos responsables del delito de encubrimiento por receptación (3 a 5 años de reclusión).
En cuanto al exalcalde Arnaldo Urbina Soto, condenado por el delito de lavado de activos, la juez en este caso le dictó medidas distintas a la prisión preventiva, acción que estaría siendo apelada por la defensa del exedil porque considera que no tiene responsabilidad por el delito de encubrimiento.
Las oficinas donde funcionaron las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, serán aseguradas por la ATIC.
NO ACREDITARON EL LAVADO DE ACTIVOS
En cuanto a la resolución de la juez en el caso detalló que los hechos juzgados se realizaron en los años 2011, 2012 y 2013 momento en la cual estaba vigente la ley contra el delito de lavado de activos del año 2002 que se encuentra en el decreto 45-2002 por lo que no es procedente la aplicación de la Ley Especial contra el Delito de Lavado de Activos año 2015 ya que desde la regulación del año 2002 hay jurisprudencia de la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia desde el año 2009 donde se desarrolla la necesaria acreditación de un delito precedente.
“La anterior ley vigente en este caso establece que incurre en el delito de lavado de activos quién adquiere, posea, administre entre otras acciones financieras que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro y terrorismo; no desarrollando la ley que se realiza el delito de lavado de activos, si hay malversación de caudales públicos o fraude siendo estos los delitos precedentes que argumentó del Ministerio Público por lo que la jueza no consideró que haya cometido dicho delito que aunque pueden existir hechos probatorios no se configura la típica tipificación de ese delito dado que los fiscales no lograron acreditar el delito procedente, EL JUICIO CONTINUA”.
Carlos Silva portavoz del Poder Judicial dijo que “hasta el momento no tenemos fecha de cuándo se desarrollará la audiencia preliminar pero dado que se ha dictado el auto de formal procesamiento en ese sentido deberán presentarse a la audiencia preliminar es la resolución que se ha tomado”.
NO TENER COMUNICACIÓN ENTRE SÍ
Las medidas cautelares a cumplir para los imputados son: firmar ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa (en el barrio La Granja) todos los días miércoles ante el reloj biométrico, se prohíbe la salida del país, se alerta a la dirección canal de migración para que esto no ocurra y se prohíbe tener comunicación con los demás imputados; se les ha advertido en este caso a las personas antes mencionadas que si se incumple en estas medidas esto dará pie a que esas medidas sean revocadas.
Los apoderados procesales estarían interponiendo los recursos de apelación porque consideran que debieron de darles un sobreseimiento definitivo.
APELACIONES
Se avecina tonelada de recursos de apelación por las defensas y por la UFECIC en el caso “Pandora”.
A pesar de que sus representados se encuentran defendiéndose en libertad, las defensas de los 25 encausados estarían interponiendo los respectivos recursos de apelación contra el auto de formal procesamiento con la medida sustitutiva distinta a la prisión preventiva, por considerar que sus representados debieron de dictarles el sobreseimiento definitivo.
En ese caso, los defensores privados cuentan con tres días para interponer ese recurso por lo cual hoy se estaría comenzando a interponer el respectivo recurso de apelación.
CAMBIÓ DE LAVADO A ENCUBRIMIENTO
“Ellos han sido sobreseídos por el delito de lavado de activos, les impusieron el delito de encubrimiento, por lo cual estaremos haciendo uso del recurso de apelación presentándolo hoy o mañana”, indicó la abogada Ritza Antúnez, defensora de cuatro de los encausados.
Al consultarle sobre por qué están siendo acusados por el lavado de activos y ahora la juez les cambio el delito Antúnez subrayó que “no existe lavado de activos, pero la Fiscalía ha abusado del delito de activos con el único fin de dejarlas privadas de libertad a las personas”.
“No existe lavado de activos sino hay delito precedente conforme al decreto 45-2002, además se necesita la intención de lavar activos, algo que los fiscales no demostraron”.
De igual forma, el defensor de los Santos, Raúl Suazo precisó que “durante este fin de semana trabajamos en el recurso de apelación para interponerlo hoy para que mi representado Elvin Santos Ordóñez se le dicte un sobreseimiento definitivo”.
En cuanto a la situación procesal del señor Elvin Santos Lozano, el abogado Suazo Barillas dijo que “el caso de mi otro representado hoy presentaré nuevamente un escrito para la solicitud de presentación voluntaria para que se deje sin valor y efecto para que regrese de los Estados Unidos donde se encuentra hospitalizado por un cáncer terminal, es una persona que tiene 85 años de edad, tiene la voluntad de presentarse ante los tribunales para demostrar su inocencia”.
El abogado Félix Ávila dijo que “conforme a la resolución de la jueza el delito de lavado de activos obviamente tal como todas las defensas expusimos no tiene la relevancia penal para ser considerado en este caso la comisión de un delito de lavado de activos”.
“La Fiscalía no aportó ningún medio probatorio que estableciera un delito precedente y eso considero que era una situación atípica del delito de lavado de activos, pero sí encontró elementos suficientes para un delito de encubrimiento tipificado en el 388 del Código Penal”, detalló el abogado defensor Aldo Santos.
Es de resaltar que a todos los encausados que estaban siendo señalados por el delito de lavado de activos se les extendió una carta definitiva por ese ilícito.
Actualmente solo el ingeniero Jacobo Regalado se encuentra recluido en el centro penitenciario del Primer Batallón.
POR LA PRISIÓN PREVENTIVA
La defensa del ingeniero Jacobo Regalado estaría presentando el respectivo recurso de apelación por la medida de prisión preventiva que lo mantendrá recluido durante el proceso judicial.
INCONFORMES
Al igual que las defensas técnicas el Ministerio Público a través de la UFECIC interpondrá el recurso de apelación por las medidas sustitutivas ya que desde un inicio solicitaron que se les dictara prisión preventiva y suspensión de sus cargos.
Además de ello, apelará el cambio de delito de lavado de activos a encubrimiento ya que considera que cuentan con los indicios racionales para acusarlos por ese ilícito.
La Tribuna
