Mi Opinión.
La situación de la ex primera dama de la nación Rosa Elena de Lobo luce un panorama judicial complicado pese a que sus abogados defensores aducen que el 6 de noviembre del 2015 o sea casi dos años después de abandonar el cargo, reintegró al Estado de Honduras la cantidad de 4 millones 821mil 117 lempiras con 13 centavos los cuales supuestamente fueron devueltos a la ex ministra de Estrategia y Comunicaciones Hilda Hernández (QDDG) para que terminaran de ejecutar obras que tenía pendientes la ex primera dama antes del traspaso de mando.
La realidad es que no existe una explicación congruente entre el traspaso del dinero a cuentas personales de la ex primera dama de la nación Bonilla de Lobo antes de concluir su gestión y el reintegro de los millonarios fondos a Casa de Gobierno porque se hizo en forma extemporánea es decir dos años después de vacar en sus funciones.
Pese a que la defensa presentó tales argumentos, el lunes seis de marzo del 2018, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, se pronunció sobre este caso, liberando a la ex primera dama del cargo de asociación ilícita pero dictaminó auto de formal procesamiento por los nueve delitos que se le imputan por malversación de caudales públicos y uno por lavado de activos.
Mientras tanto, su cuñado Mauricio Mora recibió auto de formal procesamiento por lavado de activos, asociación ilícita y ser coautor de malversación de caudales públicos por lo que deberá continuar al igual que la ex primera dama durante 60 días en la prisión. La Sra. Bonilla de Lobo en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Penfas) y Mora Padilla en la Penitenciaría Marco Aurelio Soto ambas ubicadas en Támara Francisco Morazán..
Pero mientras se ventila en los tribunales de justicia este caso de corrupción y se espera que pasen los 60 días que estipuló la juez anticorrupción para otra audiencia, se comienza a anunciar que otro político será extraditado hacia los EEUU vinculado al narcotráfico así mismo, se espera que otros involucrados en el sonado Caso de La Caja Chica de la ex primera dama, sean capturados y remitidos a los Tribunales de Justicia lo cual seguramente provocará un nuevo escándalo mediático que podría aportar nuevos argumentos o desviar la atención sobre este sonado caso.
La MACCIH y el CNA juegan un papel preponderante en este caso sin embargo, no deja de llamar la atención que el Ministerio Público mantiene un perfil bajo en todo este despliegue mediático o será que actúa tras bambalinas en la investigación de estos delitos de corrupción de alto perfil político. Independientemente de la estrategia a seguir lo cierto es, que el Fiscal Oscar Chinchilla y el Adjunto, prefieren retirarse de estas arenas movedizas .
Veremos en que termina este caso, nadie puede predecir si se trata de un simple show mediático o realmente ha llegado la hora de la transparencia a Honduras.
Denia León
Publicado por El País. Grupo La Tribuna.
TEGUCIGALPA La defensa de Rosa Elena Bonilla de Lobo demostró que el 6 de noviembre de 2015 se devolvió, mediante un cheque de caja, la cantidad de 4 millones 821 mil 117 lempiras con 13 centavos a la actual Casa Presidencial.
Además, acreditó otros medios de prueba donde consta que los fondos que ella trasladó de la cuenta Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama a otra que abrió después, fueron para terminar de ejecutar las obras que tenía pendientes antes del traspaso de mando a la siguiente administración.
Su representante legal, Julio César Ramírez manifestó que los casi cinco millones fueron devueltos a la exministra Hilda Hernández, quien falleció recientemente en un accidente aéreo.
Además, negó que la señora de Lobo haya ejecutado gastos personales de colegiatura y operaciones con fondos públicos, como acredita la UFECIC en su informe financiero, ante el tribunal. Sus abogados dicen que fue un “error” que ella subsanó y así lo acreditó la defensa.
Además, negaron que la imputada haya sido siquiera mencionada por dos de los siete testigos de la fiscalía, presentados en la audiencia inicial el viernes y sábado anterior. De acuerdo a la información, ambos testigos detallaron que la relación directa era con Julio Jesús Galdámez Figueroa, quien se desempeñó como empleado del Programa de Asignación Familiar (PRAF), adscrito a UDECO. Este falleció el pasado 4 de Mayo de 2016.
Por otra parte, el Ministerio Público mostró la carga probatoria contra los acusados, que consistió en más de 15 medios de prueba documentales, dos testificales y un análisis financiero realizado por la Unidad de Análisis de la UFECIC.
Otro aspecto que sostuvo la defensa al final de la audiencia inicial es que el MP tampoco acreditó con pruebas que Rosa Elena fuera funcionaria pública, ya que la primera dama es un cargo protocolario, aunque sea su despacho, adscrito a la Casa Presidencial, que ejecute obras sociales, como ocurre.
Para la defensa, no existe indicio racional de delito, pero esa valoración ahora queda en manos de la jueza anticorrupción, quien citó a las partes procesales hoy, a las 3:30 de la tarde para dar su veredicto, luego que la audiencia inicial que empezó el viernes y terminó el sábado en la tarde.
La jueza puede declarar un sobreseimiento o ratificar la prisión preventiva si declara el auto de formal procesamiento. En ese cado ella continuaría presa en la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y él en la Penitenciaría Marco Aurelio Soto, en Támara.
Vale recordar que en esta misma causa, permanece prófugo de la justicia y con orden de captura, el exsecretario privado de la exprimera dama, Saúl Fernando Escobar Puerto.
Abogado: Mora no firmó contratos
El defensor de Mauricio Mora, cuñado de la exprimera dama Rosa de Lobo, Raúl Suazo Barillas, explicó que su representado no firmaba cheques, ni contratos y no tuvo ninguna participación en las acciones por los que le acusan.
Sostuvo que ninguno de los bienes incautados es propiedad de su cliente.
El apoderado legal señaló que “a él lo mencionan en dos partes en el requerimiento fiscal, que era cuñado de la exprimera dama y por haberse desempeñado como coordinador de la Unidad de Desarrollo Comunitario”.
“El Ministerio Público recalifica después y lo coloca con la figura de coautor para tratar de atraparlo de alguna forma junto con la exprimera dama”, indicó.
En cuanto a lo manifestado por los testigos protegidos, Suazo subrayó que “son personas que supuestamente cobraron cheques y consideramos que tienen un interés directo de afectar a los imputados”. Lamentó que el Ministerio Público no cumpliera con las normas legales debido a que los testigos expertos que hicieron las pericias financieras debían según la norma procesal ser juramentados pero esta situación fue obviada por la juez.
“Los fondos fueron bien administrados”
Rosa Helena de Martínez, defensora de la exprimera dama, Rosa de Lobo, expresó que “los fondos fueron administrados de manera correcta, ella liquidó con actas de recepción todos lo recibido, por lo tanto, no hay delito alguno. Enfatizó que su clienta se declara inocente de todos los cargos.
Dijo que de conformidad al Código Penal para acusarla de malversación de caudales públicos se debe acreditar su condición de funcionaria pública, y eso no lo logró el Ministerio Público. Bonilla de Martínez precisó que “no hay un documento o prueba alguna que era funcionaria pública, por lo tanto los otros delitos: lavado de activos, que es precedente de la malversación y asociación ilícita, no existen”.
